sábado, 27 de mayo de 2017

Régimen económico-matrimonial

El matrimonio produce sobre los cónyuges dos tipos generales de derechos y obligaciones, unos de índole personal y otros de índole económico y patrimonial. A esta segunda clase es a la que se refiere esta expresión de “régimen económico matrimonial”, la necesidad de establecer unas normas reguladoras de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges que se encuentran con unos bienes privativos de cada uno de ellos y un patrimonio común, a lo que se suma una serie de gastos y obligaciones que deben hacer frente para el levantamiento de las cargas familiares. El régimen económico matrimonial determina las reglas fundamentales a aplicar en cuestiones como la pertenencia de los bienes y derechos en el matrimonio, la administración de los bienes, las facultades de disposición y transmisión de los mismos, el levantamiento de las cargas familiares, la responsabilidad frente a terceros por las deudas contraídas, la forma en que repartir los bienes al finalizar el matrimonio, etc.
El artículo 1.315 del Código Civil establece que el régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este Código, estableciéndose en el artículo siguiente que a falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales. Este es el criterio aplicable en Derecho común, pues algunas Comunidades Autónomas se rigen por un Derecho Foral propio que altera este principio general.

En nuestro ordenamiento se admiten varios regímenes diferentes que las partes pueden válidamente pactar en capitulaciones matrimoniales, antes y después de celebrado el matrimonio. Para su validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública. Será nula cualquier estipulación contraria a las Leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge.

En cuanto a los regímenes económico matrimoniales, el más corriente y supletorio en el Derecho común a falta de capitulaciones matrimoniales es el régimen de comunidad de bienes o de sociedad de gananciales. El segundo lugar en importancia lo ocupa el régimen de separación de bienes, que es preponderante en algunos Derechos civiles especiales y que va cobrando nuevo auge ante la nueva situación jurídica de la mujer en la relación matrimonial. Otros regímenes menos comunes son el de participación y una modalidad especial de éste que es el régimen dotal, aunque este último no viene regulado en el Código Civil, sin embargo debe considerarse admisible en virtud de la libertad de pacto que rige en esta materia.

lunes, 22 de mayo de 2017

El Tribunal Constitucional anula parcialmente la plusvalía municipal

El Tribunal Constitucional ha anulado el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como “plusvalía” cuando se demuestre que no ha existido tal revaloración.

El IIVTNU es un impuesto municipal, recaudado por los Ayuntamientos, que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto al transmitir la propiedad o al constituir o transmitir derechos reales de goce limitativos de dominio, ya sea a título oneroso (compra-venta, permuta, expropiaciones, etcétera), gratuito o lucrativo (donación, herencias o legados) por actos inter-vivos o mortis-causa. Dicho impuesto debe ser pagado en las transmisiones a título oneroso por el transmitente del terreno; en las transmisiones a título gratuito por el adquirente o donatario y en las transmisiones mortis causa por el heredero o legatario a cuyo favor se constituye o transmite el derecho sobre el inmueble.

El problema que se planteaba es que este impuesto que, en teoría, grava el incremento del valor habido y que se pone de manifiesto con la transmisión (p. ej. venta de un piso), resulta que en los años de crisis ha sucedido lo contrario, es decir que el vendedor no ha experimentado una revalorización del terreno y del inmueble sino todo lo contrario, ha sufrido una pérdida, y pese a ello, debía seguir tributando.

Ahora, el Tribunal Constitucional extiende a todo el territorio español, y no sólo al País Vasco donde ya existía un pronunciamiento, la nulidad y declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos de la ley reguladora del Impuesto al declarar que el IIVTNU vulnera el principio constitucional de capacidad económica dado que no se vincula, necesariamente, a la existencia de un incremento del valor real del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo. La denominada plusvalía municipal se aplica en todos los casos en que exista una transmisión, calculándose el impuesto de una forma objetiva tomando el valor catastral y el número de años (entre uno y veinte) en los que el bien ha estado en manos del transmitente. A juicio del Tribunal Constitucional esta fórmula de cálculo no tiene en cuenta si el bien ha generado verdaderamente una plusvalía o, por el contrario, una minusvalía (lo que ha sido frecuente en estos últimos años), puesto que simplemente se aplica de forma automática. El Alto Tribunal considera inconstitucionales los impuestos que afecten a aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia.

sábado, 13 de mayo de 2017

AIDA en marketing

Una de las técnicas clásicas más conocidas en marketing es el denominado modelo AIDA, acrónimo de atención (attention), interés (interest), deseo (desire) y acción (action). Esta técnica se utiliza tanto para diseñar y medir el impacto de un mensaje publicitario como para el diseño de una página web y sirve tanto como estrategia de marketing directo como para analizar los procesos de decisión de compra en fórmulas de venta.

La regla “AIDA” consiste en captar la atención del futuro cliente, despertar su interés lo que lleva a generar en él un deseo que desemboca en una acción.

· Atención. Consiste en presentar el producto de una manera atractiva, es decir, llamar la atención del cliente mediante la presentación y las características del producto. Para ello se utilizan varias herramientas: el envase, la cartelería, el precio, degustaciones in situ, etc. Estas reglas son aplicables para presentar y llamar la atención sobre los productos en un establecimiento físico, pero lo mismo puede decirse si se trata de una tienda on-line pues en este caso se trataría de llamar la atención del internauta con banner, un anuncio patrocinado que se presenta en buscador, etc.

· Interés. Consiste despertar el interés del cliente. En el caso de una tienda física se trata de que el cliente coja un producto y no otro para lo cual se utilizan técnicas para que se acerque al lineal, que mire el producto, lo coja, lo observe y pueda examinar sus propiedades. Por eso, en los establecimientos de libre servicio es fundamental que el producto capte el interés del consumidor desde su estantería, dado que no existen vendedores que puedan mostrarlo y cantar sus alabanzas.

· Deseo. Consiste en despertar expectativas, deseo. Una vez que se ha captado la atención del cliente y se ha despertado su interés, el siguiente paso es generar el deseo, las ganas de comprar ese producto del que ya se cuenta con la información suficiente. En este punto, el consumidor debe decidir comprar el producto, ya sea gracias al propio producto o al asesoramiento del vendedor.

· Acción. Consiste en actuar, es decir, proceder a la compra del producto, una vez que se ha tomado la decisión. Es el paso final que perfecciona la compra.

Este proceso que lleva a tomar una decisión de compra puede, perfectamente, trasladarse a otros aspectos de la vida. Sin ir más lejos estoy pensando en las campañas electorales y la decisión final del voto.

sábado, 6 de mayo de 2017

Penas principales y penas accesorias

Cuando hablamos de penas en el ámbito del Derecho Penal inmediatamente nos viene a la mente la pena de privación de libertad, aunque no es la única. El Código Penal indica que las penas pueden imponerse con carácter principal o como accesorias, y pueden ser privativas de libertad, privativas de otros derechos o consistir en una multa.

Las penas privativas de libertad son:

· La prisión permanente revisable, que supone la posible suspensión de la ejecución de la pena de prisión, acordada por el tribunal, cuando se haya concedido el tercer grado y se valoren la personalidad del penado, sus antecedentes, circunstancias del delito, conducta en el cumplimiento de la pena, circunstancias familiares y sociales y, en definitiva, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.

· La prisión, que tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años.

· La localización permanente tendrá una duración de seis meses y su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en otro lugar determinado.

· La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa que opera cuando el condenado no satisficiere, voluntaria o por vía de apremio, la multa impuesta, en cuyo caso quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente. Asimismo, se podrá acordar que esta responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

Las penas privativas de derechos son:

· La inhabilitación absoluta que produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena. La inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis meses a veinte años.

· Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que implica la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos, así como la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación. Tendrá una duración de tres meses a veinte años.

· Las de inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en el Código Penal, que priva al penado de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena, debiendo concretarse de forma expresa y motivada en la sentencia.

· La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado, durante el tiempo de condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos.

· La inhabilitación especial para los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela.

· La suspensión de empleo o cargo público que priva al penado de su ejercicio durante el tiempo que dure la condena que será de tres meses a seis años.

· La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Tendrá una duración de tres meses a diez años. Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción.
· La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Esa pena tendrá una duración de tres meses a diez años.
· La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, que tendrá una duración de hasta diez años. Esta pena impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la medida.

· La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o el tribunal. Esta pena tendrá una duración de un mes a diez años. Supone que el penado no podrá acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.

· La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, lo que implica que el penado no podrá establecer con ellas comunicación por ningún medio de comunicación ni medio informático o telemático, ni contacto escrito, verbal o visual.

· Los trabajos en beneficio de la comunidad, que tendrán una duración de un día a un año.

· La privación de la patria potestad.

La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria, que se impondrá, normalmente, por el sistema de días-multa. Su extensión mínima será de diez días y la máxima de dos años y la cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de cuatrocientos euros. En el caso de penas de multa imponibles a personas jurídicas la extensión máxima será de cinco años y oscilarán entre un mínimo de treinta y un máximo de cinco mil euros.

Las penas accesorias son las que decreta el juez como “complemento” de una pena principal y tienen la misma duración que su pena principal a la que acompañan. Normalmente son penas de privación de derechos que se imponen conjuntamente a una pena de prisión. Por ejemplo, la pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal para el supuesto de que se trate. El Juez podrá además disponer la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o bien la privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren tenido relación directa con el delito cometido. Esta vinculación deberá determinarse expresamente en la sentencia. De igual modo, la pena de prisión inferior a diez años podrá acompañarse de suspensión de empleo o cargo público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena o inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido.

domingo, 30 de abril de 2017

Entorno Pre-Mercado en Bolsas y Mercados Españoles

El Entorno Pre-Mercado creado a finales de 2016 por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y Big Ban Angels tiene como finalidad crear una plataforma y un espacio que permita a las startups acceder a financiación privada.

Debemos reconocer que el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) específicamente dirigido a las pequeñas y medianas empresas, aunque cumple su función, no ha resultado eficiente para nuevos proyectos de startups y capital semilla. Por ello, desde BME en conjunción con Big Ban Angels han decidido crear el Entorno Pre-Mercado con el objetivo de que los emprendedores desarrollen una cultura bursátil como opción de inversión y puedan aumentar su visibilidad entre los inversores y puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados, facilitando sus objetivos de financiación, crecimiento, formación, visibilidad y eficiencia.

Las empresas que pretendan acceder al Entorno Pre-Mercado deben cumplir ciertos requisitos:

· Tener una antigüedad superior a 2 años.

· Presentar las cuentas de 2 ejercicios previos debidamente auditadas.

· Publicar un plan de negocio (business splan) con un horizonte de 3 años.

· Tener necesidades de financiación entre 500.000 y 2 millones de euros.

El Entorno Pre-Mercado, que entrará en funcionamiento el 12 de mayo de 2017, pretende facilitar a un número determinado de startups el apoyo necesario para alcanzar el nivel de competencias que la normativa exige, de modo que puedan acceder a inversión privada que ofrecen los mercados gestionados por BME. Para alcanzar este objetivo se dispondrá de un espacio virtual y un espacio físico en la Bolsa de Valencia que permita dar visibilidad a las empresas incorporadas al entorno, el acceso a información sobre las empresas incorporadas para nuevos inversores cualificados y conectar empresas e inversores, a través de la organización de jornadas específicas que permitan el conocimiento de las compañías y el acceso a inversión directa.

De las treinta startups interesadas inicialmente en participar en el Entorno Pre-Mercado, por el momento, se han seleccionado tres: Housers (plataforma de financiación participativa inmobiliaria), Biomar (empresa biotecnológica, que desarrolla soluciones de origen natural para el sector agroalimentario y de salud humana) y Cuatroochenta (empresa especializada en el desarrollo integral de aplicaciones para smartphones).

domingo, 23 de abril de 2017

Ramos de seguro

Los ramos del seguro son cada una de las modalidades aseguratorias que agrupa los riesgos a cubrir según su naturaleza y características específicas, incluyéndose en cada ramo los riesgos que guardan cierta similitud y relación de homogeneidad: ramo de vida, ramo de accidentes, responsabilidad civil, crédito, etc. La delimitación actual de los ramos del seguro se encuentra en el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

A) Ramos de seguro distintos del seguro de vida y riesgos accesorios.

a) En el seguro directo distinto del seguro de vida la clasificación de los riesgos por ramos se ajustará a lo siguiente:

1. Accidentes. Las prestaciones en este ramo pueden ser: a tanto alzado, de indemnización, mixta de ambos y de cobertura de ocupantes de vehículos.

2. Enfermedad (comprendida la asistencia sanitaria y la dependencia). Las prestaciones en este ramo pueden ser a tanto alzado, de reparación, bien mediante el reembolso de los gastos ocasionados, bien mediante la garantía de la prestación del servicio, o mixta de ambos.

3. Vehículos terrestres (no ferroviarios). Incluye todo daño sufrido por vehículos terrestres, sean o no automóviles, salvo los ferroviarios.

4. Vehículos ferroviarios.

5. Vehículos aéreos.

6. Vehículos marítimos, lacustres y fluviales.

7. Mercancías transportadas (comprendidos los equipajes y demás bienes transportados).

8. Incendio y elementos naturales. Incluye todo daño sufrido por los bienes (distinto de los comprendidos en los ramos 3, 4, 5, 6 y 7) causado por incendio, explosión, tormenta, elementos naturales distintos de la tempestad, energía nuclear y hundimiento de terreno.

9. Otros daños a los bienes. Incluye todo daño sufrido por los bienes (distinto de los comprendidos en los ramos 3, 4, 5, 6 y 7) causado por el granizo o la helada, así como por robo u otros sucesos distintos de los incluidos en el ramo 8.

10. Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles (comprendida la responsabilidad del transportista).

11. Responsabilidad civil en vehículos aéreos (comprendida la responsabilidad del transportista).

12. Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales (comprendida la responsabilidad del transportista).

13. Responsabilidad civil en general. Comprende toda responsabilidad distinta de las mencionadas en los ramos 10, 11 y 12.

14. Crédito. Comprende insolvencia general, venta a plazos, crédito a la exportación, crédito hipotecario y crédito agrícola.

15. Caución (directa e indirecta).

16. Pérdidas pecuniarias diversas. Incluye riesgos del empleo, insuficiencia de ingresos (en general), mal tiempo, pérdida de beneficios, subsidio por privación temporal del permiso de conducir, persistencia de gastos generales, gastos comerciales imprevistos, pérdida del valor venal, pérdidas de alquileres o rentas, pérdidas comerciales indirectas distintas de las anteriormente mencionadas, pérdidas pecuniarias no comerciales y otras pérdidas pecuniarias.

17. Defensa jurídica. Las entidades aseguradoras habrán de optar por alguna de las siguientes modalidades de gestión:

a) Confiar la gestión de los siniestros del ramo de defensa jurídica a una entidad jurídicamente distinta, que habrá de mencionarse en el contrato. Si dicha entidad se hallase vinculada a otra que practique algún ramo de seguro distinto del de vida, los miembros del personal de la primera que se ocupen de la gestión de siniestros o del asesoramiento jurídico relativo a dicha gestión no podrán ejercer simultáneamente la misma o parecida actividad en la segunda. Tampoco podrán ser comunes las personas que desempeñen cargos de dirección de ambas entidades.

b) Garantizar en el contrato de seguro que ningún miembro del personal que se ocupe de la gestión de asesoramiento jurídico relativo a dicha gestión ejerza al tiempo una actividad parecida en otro ramo si la entidad aseguradora opera en varios o para otra entidad que opere en algún ramo distinto del de vida y que tenga con la aseguradora de defensa jurídica vínculos financieros, comerciales o administrativos con independencia de que esté o no especializada en dicho ramo.

c) Prever en el contrato el derecho del asegurado a confiar la defensa de sus intereses, a partir del momento en que tenga derecho a reclamar la intervención del asegurador según lo dispuesto en la póliza, a un abogado de su elección.

18. Asistencia. Asistencia a las personas que se encuentren en dificultades durante desplazamientos o ausencias de su domicilio o de su lugar de residencia permanente. Comprenderá también la asistencia a las personas que se encuentren en dificultades en circunstancias distintas, determinadas reglamentariamente, siempre que no sean objeto de cobertura en otros ramos de seguro.

19. Decesos. Incluye operaciones de seguro que garanticen la prestación de servicios funerarios para el caso de que se produzca el fallecimiento, o bien subsidiariamente, cuando no se pueda realizar la prestación, por causa de fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios, distintos de los dispuestos por la aseguradora, a satisfacer a los herederos legales del asegurado fallecido la suma asegurada, que no debe exceder del valor medio de los gastos funerarios por un fallecimiento.

Los riesgos comprendidos en un ramo no podrán ser clasificados en otro ramo, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los riesgos accesorios en el apartado 4.

Cuando la autorización se conceda simultáneamente para varios ramos, se otorgará con las siguientes denominaciones:

1.º «Accidentes y enfermedad»: Cuando se autoricen los ramos 1 y 2.

2.º «Seguro de automóvil»: Cuando la autorización comprenda la cobertura de ocupantes de vehículos del ramo 1 y los ramos 3, 7 y 10.

3.º «Seguro marítimo y de transporte»: Cuando la autorización comprenda la cobertura de ocupantes de vehículos del ramo 1 y los ramos 4, 6, 7 y 12.

4.º «Seguro de aviación»: Cuando la autorización comprenda la cobertura de ocupantes de vehículos del ramo 1 y los ramos 5, 7 y 11.

5.º «Incendio y otros daños a los bienes»: Cuando se autoricen los ramos 8 y 9.

6.º «Responsabilidad civil»: Cuando se autoricen los ramos 10, 11, 12 y 13.

7.º «Crédito y caución»: Cuando se autoricen los ramos 14 y 15.

8.º «Seguros generales»: Cuando se autoricen todos los ramos de seguro directo distinto del seguro de vida enumerados en este artículo.

b) Riesgos accesorios.

La entidad aseguradora que obtenga una autorización para un riesgo principal perteneciente a un ramo de seguro distinto del de vida o a un grupo de ramos podrá, asimismo, cubrir los riesgos comprendidos en otro ramo sin necesidad de obtener autorización para dichos riesgos, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1.º Que estén vinculados al riesgo principal.

2.º Que se refieran al objeto cubierto contra el riesgo principal.

3.º Que estén cubiertos por el contrato que cubre el riesgo principal.

4.º Que para la autorización en el ramo al que pertenezca el riesgo accesorio no se requieran mayores garantías financieras previas que para el principal, salvo, en cuanto a este último requisito, que el riesgo accesorio sea el de responsabilidad civil cuya cobertura no supere los límites que reglamentariamente se determinen.

Cuando el ramo accesorio sea el 2 (enfermedad), éste no comprenderá prestaciones de asistencia sanitaria o prestaciones de asistencia por dependencia.

Los riesgos comprendidos en los ramos 14 (crédito), 15 (caución) y 17 (defensa jurídica), no podrán ser considerados accesorios de otros ramos, salvo el ramo 17 (defensa jurídica), que, cuando se cumplan las condiciones exigidas en el párrafo anterior, podrá ser considerado como riesgo accesorio del ramo 18 (asistencia), si el riesgo principal sólo se refiere a la asistencia facilitada a las personas en dificultades con motivo de desplazamientos o de ausencias del domicilio o del lugar de residencia permanente, y como riesgo accesorio del ramo 6 (vehículos marítimos, lacustres y fluviales), cuando se refiera a litigios o riesgos que resulten de la utilización de embarcaciones marítimas o que estén relacionados con dicha utilización.

B) Ramo de vida y riesgos complementarios.

a) El seguro directo sobre la vida se incluirá en un solo ramo, el ramo de vida, que comprenderá:

1. El seguro sobre la vida, tanto para caso de muerte como de supervivencia, o ambos conjuntamente, incluido en el de supervivencia el seguro de renta; el seguro sobre la vida con contraseguro; el seguro de nupcialidad, y el seguro de natalidad. Asimismo, comprende cualquiera de estos seguros cuando estén vinculados con fondos de inversión u otros activos a los que se refiere el artículo 73. Igualmente, podrá comprender el seguro de dependencia.

2. Las operaciones de capitalización basadas en técnica actuarial, que consistan en obtener compromisos determinados en cuanto a su duración y a su importe a cambio de desembolsos únicos o periódicos previamente fijados.

3. Las operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación, entendiendo por tales aquellas que supongan para la entidad aseguradora administrar las inversiones y, particularmente, los activos representativos de las reservas de las entidades que otorgan prestaciones en caso de muerte, en caso de vida o en caso de cese o reducción de actividades. También estarán comprendidas tales operaciones cuando lleven una garantía de seguro, sea sobre la conservación del capital, sea sobre la percepción de un interés mínimo.

4. Las operaciones tontinas, entendiendo por tales aquellas que lleven consigo la constitución de asociaciones que reúnan partícipes para capitalizar en común sus aportaciones y para repartir el activo así constituido entre los supervivientes o entre sus herederos.

b) Riesgos complementarios.

Las entidades autorizadas para operar en el ramo de vida podrán cubrir como riesgos complementarios los comprendidos en el ramo 1 (accidentes) y en el ramo 2 (enfermedad), sin necesidad de obtener autorización para dichos ramos, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1.º Que estén vinculados con el riesgo principal.

2.º Que se refieran al objeto cubierto contra el riesgo principal.

3.º Que estén garantizados en un mismo contrato con éste.

4.º Cuando el ramo complementario sea el 2 (enfermedad), que éste no comprenda prestaciones de asistencia sanitaria o prestaciones de asistencia por dependencia.

lunes, 17 de abril de 2017

Límites en las tarjetas de crédito y débito

La tarjeta de débito es la que permite utilizar los fondos depositados en una cuenta corriente o de ahorro a la que está asociada, por lo que sólo se puede utilizar si existe ese depósito bancario asociado. Cada disposición que se realice con la tarjeta de débito, por ejemplo, reintegro en cajero automático o compra en comercio, se registra de forma inmediata en la cuenta, es decir si se sacan 100 euros por cajero automático de forma inmediata y mecánica el saldo en la cuenta asociada disminuirá en 100 euros. Por eso se identifican los pagos con tarjeta de débito como “pagos al contado” porque sólo se hacen efectivos si se tienen fondos en la cuenta para afrontarlos.

En las tarjetas de débito, aun cuando existan fondos suficientes en la cuenta asociada, por motivos de seguridad y para minimizar los riesgos de fraude, suelen establecerse algunos límites operativos, que suelen variar de una entidad a otra y que pueden variarse si se negocia con la entidad. Estos límites suelen acomodarse a las siguientes modalidades:

· Límite diario de retirada en cajeros, fijado en un tope máximo total, independientemente de que se realice en una o varias extracciones (p. ej. 300 euros diarios de disposición en cajero ya sea en uno o varios reintegros al día).

· Límite diario para transacciones off-line. Se trata de un máximo de importe diario que una tarjeta puede disponer conjuntamente en cajeros y comercios cuando éstos no están comunicados con la entidad (transacciones off-line).

· Límite diario resto de operaciones, que es el importe máximo diario que una tarjeta está autorizada a operar en cualquier establecimiento con terminal de punto de venta (TPV). Se trata de un límite conjunto para la suma de las transacciones on-line + off line.

· Límite mensual resto de operaciones, que es el importe máximo mensual que una tarjeta está autorizada a operar en cualquier comercio con terminal de punto de venta (off+on-line).

La tarjeta de crédito es la que permite disponer de una cuenta de crédito, facilitada por la entidad emisora (entidad de crédito, establecimiento financiero de crédito o entidad de servicios de pago). Como diferencia fundamental con las tarjetas de débito que sólo permiten disposiciones sobre fondos propios de cuenta bancaria, las tarjetas de crédito permiten realizar pagos y obtener dinero en cajeros, hasta cierto límite, sin necesidad de tener fondos en cuenta bancaria en ese momento. Por eso se identifican los pagos con tarjeta de crédito como “comprar ahora y pagar después” porque sólo se hace efectivo el pago en el momento del vencimiento fijado por la entidad (p. ej. final de mes siguiente). Esta facilidad crediticia, lógicamente, lleva aparejada una devolución de los fondos utilizados en el plazo marcado y unos intereses asociados en caso de no hacerlo en tiempo y forma. Las tarjetas de crédito suelen llevar dos límites:

· Límite de crédito mensual, fijado en un tope máximo mensual por encima del cual no se admitirían pagos. Las tarjetas de crédito suelen tener unos límites de disponibilidad generosos que se fijan para cada cliente en función de su capacidad de devolución (p. ej. solicitando una nómina). Además, las propias entidades suelen comercializar distintas modalidades de tarjetas (clásica, oro, plata, platino, premium, etc.) con distintos límites para cada modalidad, límites que luego son ajustados nuevamente previo estudio de solvencia del cliente.

· Límite de excedidos en cuenta, que es el límite que se fija sobre el límite de crédito, es decir, si existe un límite de crédito de 3.000 euros y se han efectuado operaciones por valor de 3.500 euros, esos 500 euros son excedidos que llevan unos intereses superiores. La entidad puede fijar un tope máximo a esos excedidos.

La ventaja, y a la vez desventaja, de las tarjetas de crédito es que permiten realizar disposiciones sin que se reflejen de forma automática en la cuenta y sin tener fondos suficientes, por lo que puede llegar el caso de que una vez que nos llegue el recibo de liquidación de tarjeta a fin de mes o a fin de mes siguiente, no tengamos saldo suficiente. Es más, estas tarjetas, como hemos visto, nos permiten sobrepasar el límite de crédito inicialmente pactado.