miércoles, 10 de septiembre de 2014

Pago de la publicidad en Internet

En una entrada anterior comenté las distintas formas de contratar una campaña publicitaria en Internet (posición fija, rotación, aplicando filtros de segmentación, por palabras clave, etc.). Para cada una de las opciones publicitarias interactivas y multimedia que hay en la red, existe una método diferente de contratar/cobrar.
Una de las más comunes es el coste por impresión. A estos efectos, se entiende por impresión o impacto, la petición de un archivo o banner por parte del usuario, como resultado directo de la acción del visitante de la web. La impresión se considera realizada cuando ha bajado la totalidad de la página solicitada. Con esta medida se evitan casos en los que el banner del anunciante no es visualizado, aunque sí la mayor parte de la página dado el peso o tamaño de este banner.
Se calcula a partir del número de impresiones de las páginas que contienen los banners. Su coste es muy variado y oscila en España entre los 0,5 y 3 céntimos de euro por impresión. Generalmente se contrata por millar de impresiones, por lo que se denomina CPM (coste por mil impresiones). Con el CPM, se sabe a priori el número de impresiones que se conseguirán. Es posible segmentar a la audiencia.
En un principio había grandes diferencias en las tarifas de inserción de banners, algunas verdaderamente desorbitadas, sin embargo, la introducción de sistemas de auditoría a través de OJD (http://www.ojd.es), ha homogeneizado el panorama a la vez que se tiene un sistema de certificación de la difusión.
En otras ocasiones, la publicidad se contrata con una tarifa fija, es decir, se paga una cantidad fija por un período de tiempo determinado. En general, el coste es muy variable y viene dado por una negociación directa entre el servidor y el anunciante. Con ello se factura según el formato y considerando su afluencia aproximada de audiencia y olvidando el concepto de impactos logrados. Así se imita la política de tarificación de cualquier diario escrito de información general.
Una modalidad muy utilizada es el Coste por Click Through (CTR). Se entiende por click through cada vez que el internauta pulsa el banner y accede a la información que el anunciante ofrece tras éste. Se trata de una tarifa variable en la que el anunciante paga el acceso real a su página. De esta manera, se intenta que el coste de la campaña se ajuste a la eficacia real de la misma, por lo mismo su coste, a priori, no es posible conocerlo con certeza. Se calcula dividiendo el número de clics registrados entre el total de impresiones servidas. Esta tarifa no se ha consolidado en nuestro país. Se ha observado que el internauta se encuentra reticente a la hora de clickar un anuncio debido al miedo a perderse en la gran tela de araña, perder dinero y perder tiempo. El usuario no quiere abandonar el camino que tomó al acceder a la Red y no aceptará que un anuncio le incite a ello.
Una fórmula mixta combina dos tipos de tarifas, pagándose una cantidad fija al mes y una variable, en función del número de impresiones. A veces se puede encontrar una tarifa basada en la combinación de la cuota fija junto a la de click, es decir, se paga cada mes una cuota fija, más reducida de lo normal, así como una cantidad variable en función del número de impresiones obtenidas.
Cuando se opta por el coste por patrocinio, las tarifas se cobrarán en función del volumen de audiencia y de la tipología, así como de la presencia del anunciante en el site. El anunciante realiza una aportación económica, previamente negociada con el servidor, a cambio de que éste aloje su publicidad o facilite su presencia corporativa en sus páginas de manera destacada.
El coste por lead (CPL) es el coste de generar contactos cualificados, es decir, una referencia de una persona interesada en comprar el producto. Por tanto este coste es más caro que el coste por impresión o click.
En el pago por venta, anunciante y propietario de la sede Web establecen un acuerdo, a partir del cual, el anunciante no paga por los impactos o por los clicks que genera un espacio publicitario sino por las ventas derivadas de la colocación de un banner, botones. Es un sistema muy innovador, puede resultar beneficioso para el anunciante, pero muy arriesgado para el propietario del site. La presencia de un banner poco atractivo puede suponer un desperdicio de impresiones, por eso, es interesante realizar un test con diferentes banners y comprobar la efectividad de cada uno.
El sistema de pago por enlace supone las típicas acciones B2B dentro de sites visitadas por colectivos profesionales muy específicos. Son acciones de target marketing y se paga por enlace efectivo, generalmente a través de hipertexto. 
Coste de la publicidad en Internet
Coste por impresión
El anunciante paga porque se vea la página web donde está su banner.
Se calcula a partir del número de impresiones de las páginas que contienen el banner.
Su coste es conocido desde el principio, aunque no su eficacia.
Coste por mil impresiones (CPM)
Es el coste por impresión que se contrata por mil impresiones, es decir, por mil páginas descargadas.
Tarifa fija
Se paga una cantidad fija por un período determinado.
Coste por Click Through (CTR)
El anunciante paga por el acceso real a su página, es decir, cuando ya se ha hecho clic en el banner.
Se calcula dividiendo el número de clics registrados entre el total de impresiones.
Su coste no es conocido de antemano y no ha triunfado en España.
Tarifa mixta
Se paga una cantidad fija al mes y una variable en función del número de impresiones.
Coste por patrocinio
Se paga en función del volumen de audiencia de la página y la presencia del anunciante en el website.
Coste por lead (CPL)
Se paga por contactos cualificados, es decir, por personas interesadas.
Pago por venta
Se paga por las ventas realizadas derivadas de la colocación del banner.
Pago por enlace
Se paga por enlace efectivo a través de hipertexto (B2B)
 
 

lunes, 1 de septiembre de 2014

Contratación de la publicidad en Internet


Existen distintas formas de contratar una campaña publicitaria en Internet, por ejemplo por su emisión, asegurándonos una posición fija o por el contrario una rotación general; o atendiendo a criterios de segmentación, aplicando filtros por edad, sexo, etc. u optar por compra de palabras clave, exclusivas o no. etc.

La contratación de publicidad en función de su emisión, la publicidad en Internet puede ser en posición fija o como rotación general. La posición fija responde a un esquema de anuncio fijo en un determinado sitio o canal basada en el tiempo de exposición. La rotación general implica que la publicidad va rotando por todas las páginas del portal. A su vez, esta rotación general puede ser “run of site” (ROS) donde el anuncio rota a lo largo del sitio web, pudiendo la misma contener o no segmentación o “run of channel” (ROC) en cuyo caso el anuncio está administrado dentro de canales específicos, según las preferencias del usuario en función de las necesidades del anunciante.

La contratación de publicidad según criterios de segmentación implica que se atenderá, por ejemplo, a IP, seleccionando sólo las IP de procedencia española; o por dominios: “.es”, “.com”, etc.; o por frecuencia, etc. En esta segmentación se pueden aplicar filtros. La mayoría de los portales tienen segmentaciones complementarias como sexo, edad, interés, ocupación y dominio. La tecnología del ad-server hace posible segmentar los banner en función del usuario, es decir, por dominio, por ejemplo si estamos anunciando jamones ibéricos, un producto claramente de consumo español y consideramos que no tiene ningún interés para los usuarios alemanes, éste no aparecerá a aquellos usuarios con un dominio alemán; o también en función del tiempo, así podemos contratar que nuestro banner rote por ejemplo entre las 15.00h –16.00h y entre las 21.00-22.00h de jueves a domingos porque consideramos que esas son las horas en las que se conecta nuestro público objetivo.

La contratación de la publicidad según palabras clave, en exclusiva o no, es una técnica publicitaria en Internet consistente en que el banner del anunciante se despliega cuando el usuario realiza una búsqueda utilizando un “keyword” concreto. El precio depende de la popularidad de la palabra clave, un ejemplo puede ser si una empresa del sector del automóvil quiere comprar la palabra “coche” el precio sería más elevado que el de otra palabra no tan común como podría ser “llantas”. Cuando se compra la palabra clave en exclusiva nos garantizan que aparecerá nuestro banner y si la compra no es en exclusiva, puede darse el caso de que varias empresas hayan comprado esa palabra y los banners irán rotando, por tanto no siempre aparece el banner del mismo anunciante.

lunes, 25 de agosto de 2014

La contingencia de jubilación en los planes de pensiones

La Ley reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, determina en su artículo 8, en la redacción dada por la Ley 17/2014, las contingencias cubiertas por los planes de pensiones, citando como tales la jubilación, la incapacidad laboral total y permanente, la muerte del partícipe o beneficiario y la dependencia severa o gran dependencia del partícipe.

En relación con la contingencia de jubilación, tanto la Ley como el Reglamento de los Planes de Pensiones remiten a lo previsto en el Régimen de Seguridad Social correspondiente. Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación, la contingencia se entenderá producida a partir de que cumpla los 65 años de edad, en el momento en que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional, y no se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación para ningún Régimen de la Seguridad Social. No obstante, si las especificaciones del plan de pensiones lo prevén, podrá anticiparse la percepción de la prestación correspondiente a jubilación a partir de los 60 años de edad, siempre que concurran en el partícipe las siguientes circunstancias:

a) Que haya cesado en toda actividad determinante del alta en la Seguridad Social, sin perjuicio de que, en su caso, continúe asimilado al alta en algún régimen de la Seguridad Social.

b) Que en el momento de solicitar la disposición anticipada no reúna todavía los requisitos para la obtención de la prestación de jubilación en el régimen de la Seguridad Social correspondiente.

Asimismo, los planes de pensiones podrán prever el pago anticipado de la prestación correspondiente a la jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a situación legal de desempleo en los casos de muerte del empresario o extinción de la personalidad jurídica del empleador, despido colectivo, despido por causas objetivas y procedimiento concursal y sucesión de empresa. En estos casos de anticipo de la prestación correspondiente a la jubilación, el beneficiario podrá reanudar las aportaciones para cualesquiera contingencias susceptibles de acaecer, incluida la jubilación, una vez que hubiere percibido aquella íntegramente o suspendido el cobro asignando expresamente el remanente a dichas contingencias.

A partir del acceso a la jubilación, el partícipe podrá seguir realizando aportaciones al plan de pensiones. No obstante, una vez iniciado el cobro de la prestación de jubilación o el cobro anticipado de la prestación correspondiente a jubilación, las aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias de fallecimiento y dependencia. El mismo régimen se aplicará cuando no sea posible el acceso a la jubilación, a las aportaciones que se realicen a partir de que se cumplan los 65 años de edad.

lunes, 18 de agosto de 2014

Certificado y etiqueta de eficiencia energética de los edificios

Desde el 1 de junio de 2013 resulta obligatoria, junto a los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir de esa fecha, la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio, según corresponda.

Este certificado se regula en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, que aprueba un procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE 13 de abril de 2013). Este Real Decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética, recogidos en el Código Técnico de Edificación.

Esta certificación tiene por objeto que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética (envolvente térmica; instalaciones térmicas; instalaciones de iluminación; condiciones normales de funcionamiento y ocupación; condiciones de confort térmico y lumínico; calidad del aire interior, etc.) De esta forma, valorando y comparando la eficiencia energética de los edificios, se favorecerá la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.

Además, el citado Real Decreto 235/2013, contribuye a informar sobre las emisiones de CO2 por el uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial, lo que facilita también la adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar la calificación energética de los edificios.

El Real Decreto establece el procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética, considerando aquellos factores que más incidencia tienen en su consumo energético, así como las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia energética de los edificios. El procedimiento básico de certificación se aplica a:

• Edificios de nueva construcción.

• Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.

• Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 metros cuadrados y sean frecuentados habitualmente por el público.

La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de utilización, durante el periodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia energética, cuyos contenidos se recogen el documento reconocido correspondiente a la etiqueta de eficiencia energética, disponible en el Registro general.

La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio. Deberá figurar siempre en la etiqueta, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética del proyecto o al del edificio terminado.

El certificado de eficiencia energética dará información exclusivamente, sobre la eficiencia energética del edificio y no supondrá la acreditación del cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio.

Todos los edificios o unidades de edificios de titularidad privada que sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados, exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible por el público, cuando les sea exigible su obtención. En el caso de edificios ocupados por autoridades públicas y que sean frecuentados habitualmente por el público, la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética se extiende a los de superficie útil superior a 250 metros cuadrados. Para el resto de los casos la exhibición pública de la etiqueta de eficiencia energética será voluntaria, y de acuerdo con lo que establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

El promotor o propietario del edificio o parte del mismo (ya sea de nueva construcción o existente), será el responsable de encargar la realización de la certificación de eficiencia energética del edificio o de su parte, en los casos en que venga obligado, asumiendo, igualmente, la obligación de su renovación.

Para las unidades de edificios, viviendas o locales, situados en un mismo edificio, la certificación de eficiencia energética se basará, como mínimo, en una certificación única de todo el edificio o alternativamente en la de una o varias viviendas o locales representativos del mismo edificio, con las mismas características energéticas.

Los edificios destinados a viviendas se clasificarán energéticamente dentro de una escala de siete letras que va desde la A (edifico más eficiente) hasta la G (edificio menos eficiente).

lunes, 11 de agosto de 2014

Embargo en descubierto


En esta entrada voy a hacerme eco de una reclamación bancaria interpuesta por un usuario contra su entidad de crédito, en relación con un embargo que produjo un descubierto en cuenta y que finalmente fue resuelta por el Servicio de Reclamaciones del Banco de España.

El supuesto de hecho parte de que el usuario se mostró disconforme con un embargo de 55,22 euros que se llevó a cabo en su cuenta corriente por la entidad de crédito sin tener en cuenta que su único ingreso mensual en la misma era una ayuda familiar de 426 euros, que tiene la consideración en todo caso de inembargable. Como resultado del embargo la cuenta quedó en descubierto, por lo que la entidad, además, adeudo los correspondientes intereses y comisiones.

El Servicio de Reclamaciones del Banco de España estimó parcialmente las pretensiones del reclamante pues consideró que la entidad de crédito no es competente para valorar si los ingresos que recibe su cliente tienen el estatus de embargables o inembargables, pues es una mera intermediaria entre la administración embargante y el titular embargado, debiendo dirigirse éste al órgano ordenante para plantear cualquier disconformidad con el embargo realizado.

No obstante, el Servicio de Reclamaciones estimó no acorde con las buenas prácticas bancarias que se realice un embargo en cuenta sobre unos fondos inexistentes, provocando así un descubierto que, por resultar improcedente, no debería llevar ni el adeudo de comisiones ni intereses de ningún tipo.

En este caso en concreto la entidad se allanó a la reclamación del cliente y procedió a la retrocesión de los gastos que habían ocasionado el descubierto.

lunes, 4 de agosto de 2014

Diferencia entre ley orgánica y ley ordinaria

Las leyes orgánicas son la fuente suprema legislativa inmediatamente inferior a la Constitución. La caracterización de las leyes orgánicas en el artículo 81 de la Constitución Española responde a un doble criterio, competencial o material y funcional o procedimental. Desde el primer punto de vista las leyes orgánicas son las que desarrollan los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Atendiendo al criterio procedimental las leyes orgánicas requieren una mayoría reforzada para su elaboración, modificación o derogación, exigiéndose la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Las leyes orgánicas recaen sobre materias “cuasi-constitucionales” que desarrollan dichos preceptos por delegación constitucional. Ello implica que existe una reserva de ley orgánica para determinadas materias que impide su regulación por ley ordinaria, y de modo recíproco, que dichas leyes orgánicas no podrán incluir en su articulado materias que no sean competencia de ley orgánica. En caso de exceso de regulación se plantea la cuestión de dilucidar qué tratamiento y consideración merece la ley en cuestión y el exceso regulado. Parte de la Doctrina propugna la consideración del conjunto legal como ley orgánica, esto es, que tanto las materias propias como el exceso tienen carácter orgánico. Desde otros sectores más acertados, con base en criterios del propio Tribunal Constitucional se aboga por una distinción entre lo “orgánico” y lo “ordinario”, lo que implica que la parte de la ley orgánica que trata materias ordinarias podrá ser modificada o derogada por una ley ordinaria. Esto a su vez plantea el problema de determinar quién hará la diferenciación, si será la propia ley orgánica la que lo delimite en sus disposiciones o por el contrario, quedará a la resolución del Tribunal Constitucional.

Por su parte, la ley ordinaria, al igual que la ley orgánica, es una ley en sentido estricto, esto es, emana de las Cortes Generales. No existe una auténtica definición de este tipo de disposiciones legales, pero pueden caracterizarse por oposición a las leyes orgánicas, lo que implica que desde el punto de vista material son aquéllas que no recaen sobre las materias reservadas a ley orgánica: derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás consignadas en el ordenamiento jurídico. Desde la óptica procedimental las leyes ordinarias sólo requieren para su elaboración, modificación o derogación la mayoría simple del Congreso de los Diputados.

martes, 29 de julio de 2014

Pacto de reserva de dominio


El pacto de reserva de dominio es una cláusula contractual incluida en las operaciones de compraventa a plazos, en virtud de la cual el vendedor se reserva el derecho de resolver la compraventa ante la falta de pago del precio.

Se trata de un negocio jurídico sometido a una condición suspensiva, puesto que si bien la compraventa quedó perfeccionada desde la manifestación del consentimiento, sus plenos efectos jurídicos quedan supeditados al completo pago del precio.

El vendedor no transmite la propiedad y el dominio de la cosa, hay una simple transmisión de la posesión, conservando el transmitente el dominio sobre la cosa y todas las facultades anejas de conservación y defensa de su derecho (acción reivindicatoria, tercerías de dominio, etc.).

Con el pacto de reserva de dominio el vendedor adquiere una garantía real sobre la cosa vendida, análoga a la prenda, si se trata de bienes muebles, y la hipoteca, si se trata de bienes inmuebles.

En el Derecho común, no existe ningún precepto legislativo que ampare o deniegue su posible existencia, por lo que la Doctrina y la Jurisprudencia, aunque no de forma unánime, le han dado entrada a través del art. 1.255 del Código Civil, en virtud del cual los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral o el orden público.

El amplio uso de esta cláusula contractual tiene su mayor importancia en las compraventas a precio aplazado de automóviles, electrodomésticos y otros artículos de consumo, con la ventaja para los compradores de poder acceder a la adquisición de bienes sin necesidad de su pago al contado, adquiriendo de inmediato el uso y disfrute de los mismos, mientras que los vendedores se garantizan el pago del precio con la conservación de la propiedad del objeto vendido, sin recurrir a la constitución de otras formas de garantía más onerosas, como la prenda y la hipoteca.

En cuanto a la asunción de riesgos y gastos inherentes a la operación, a falta de disposición legal en concreto, habrá que estar a lo acordado por las partes, y en su defecto, se entiende que serán de cuenta del adquirente, y ello por aplicación analógica del Código Civil y del Código de Comercio que abogan por el criterio de transmisión de riesgos desde la perfección del contrato, desde el momento de la puesta a disposición de la mercancía.

El pacto de reserva de dominio, en principio, vincula simplemente a las partes contratantes, y para que tenga eficacia “erga omnes” y sea oponible a terceros en cuanto a posibles embargos o tercerías de dominio, es necesaria la correspondiente inscripción registral del pacto en el Registro de Bienes Muebles, dependiente del Ministerio de Justicia, o en el registro correspondiente.