viernes, 21 de julio de 2017

Negligencia

Se puede definir la negligencia como la omisión de diligencia y cuidado que debe prestarse en el desarrollo de una determinada actividad. Se identifica con el abandono, descuido o dejadez en la actuación.

En Derecho, la negligencia se caracteriza por la ausencia de la diligencia debida. A este concepto responde el art. 1.104 del Código Civil al establecer: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquélla diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.” Así pues, para determinar la falta de diligencia del obligado debe atenderse a las circunstancias especiales del caso concreto: a la obligación y a la personalidad del obligado. Pero además, el Código civil, establece un criterio residual, si la obligación no expresa la diligencia debida, deberá actuarse, según la antigua nomenclatura del Código civil, con la “diligencia de un buen padre de familia”. Similares expresiones se contienen en el Código de Comercio midiendo los criterios y grados de diligencia como la que correspondería a un “buen comerciante”, a un “honrado y leal representante”, etc.

Aunque la negligencia puede extender sus efectos en cualquier aspecto de la vida cotidiana, donde adquiere mayor relevancia es en el desarrollo de la actividad profesional. Cuando los profesionales (médicos, abogados, arquitectos, etc.) por su acción u omisión causan perjuicios y/o lesiones personales o patrimoniales a sus clientes, se habla de negligencia profesional (p. ej. negligencia médica).

Por otra parte, la negligencia es fuente de obligaciones, puesto que el Código Civil establece taxativamente que los actos u omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia no penadas en la ley, quedarán sometidos a la responsabilidad civil regulada en los arts. 1.902 a 1.910 del Código civil Se trata por tanto de acciones u omisiones culpables o negligentes que originan responsabilidad, y que se traducen en la indemnización de daños y perjuicios, incluyendo tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, dicha responsabilidad deberá atemperarse según criterio judicial a las circunstancias de cada caso.

sábado, 15 de julio de 2017

Las acciones

Las acciones son títulos valores que representan una parte alícuota o proporcional del capital social de una sociedad anónima (SA), y como tales otorgan a sus titulares la calidad de socio o propietario de la empresa, lógicamente, en proporción a su participación, con los derechos y obligaciones que ello supone. Por ejemplo, una sociedad anónima tiene un capital social de 150.000 euros, dividido en 30.000 acciones de 5 euros cada una. Si una persona tiene 120 acciones de la sociedad por un valor nominal de 600 euros supone que es propietario del 0,4% de la sociedad.

Las sociedades anónimas pueden emitir acciones de tres formas: a la par, sobre la par o bajo la par.

· A la par: significa que se emiten las acciones por su valor nominal.

· Sobre la par: significa que se emiten las acciones con prima de emisión, es decir, con un sobreprecio para equiparar el valor real de la acción a su valor nominal y compensar a los antiguos accionistas.

· Bajo la par: significa que se emiten las acciones por debajo de su valor nominal, aunque este tipo de emisión está prohibida.

En las emisiones de acciones debe estar suscrito el 100% del capital social; desembolsado el 25% y el 100% de la prima de emisión.

En cuanto a los derechos que otorgan las acciones suelen clasificarse en económicos y políticos. Los principales derechos que se conceden a los accionistas son:

· Derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales de accionistas. Para ejercitarlo el accionista tendrá siempre que poseer el número de acciones previsto en los estatutos. En algunas sociedades basta con tener una acción y en otras se exige un mínimo para asistir, por ejemplo, 100 acciones.

· Derecho a la cuota de liquidación en caso de insolvencia y quiebra de la sociedad. En caso de disolución de la sociedad, el accionista tiene derecho a recibir la parte que le corresponde de la masa patrimonial.

· Derecho al dividendo. Los accionistas tienen derecho a obtener una parte proporcional a su participación sobre las ganancias sociales a través de los dividendos, o la parte del beneficio que la sociedad decida repartir. No obstante, es la junta general la que aprueba la distribución de dividendos que puede, en ocasiones, no existir porque la sociedad decida acumular beneficios y destinarlos a reservas, en cuyo caso no habrá distribución de dividendos entre los accionistas.

· Derecho de suscripción preferente. Cuando una sociedad decide ampliar su capital con la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones, los accionistas antiguos tienen preferencia a la hora de adquirirlas, también en proporción a su participación en la sociedad. P. ej. proporción 1x20, entonces el titular de 120 acciones antiguas puede adquirir 6 acciones nuevas.

· Derecho a la transmisibilidad de las acciones. En las sociedades cotizadas las acciones se pueden transmitir sin ningún tipo de condición o restricción alguna. Sin embargo, en las sociedades que no cotizan en Bolsa, sí pueden existir restricciones a la libre transmisibilidad.

· Derecho de información sobre la situación de la empresa. Los accionistas de las sociedades tienen el derecho a obtener información sobre la situación de la empresa (balance, cuenta de resultados, memoria, perspectivas de crecimiento, etc.).

· Derecho de impugnación de acuerdos sociales. En determinadas circunstancias los accionistas podrán impugnar los acuerdos sociales aprobados.

viernes, 7 de julio de 2017

Libertad de elección en el orden de los apellidos de los hijos

Desde el 1 de julio de 2017 los padres podrán, y deberán elegir, en el Registro Civil, el orden de los apellidos de los hijos antes de su inscripción.

El 30 de junio entró en vigor la reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, y con ello finaliza la regla imperante hasta el momento de que, por defecto, se impone al recién nacido el apellido del padre y en segundo lugar el de la madre. A partir de ahora, si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores deberán hacer constar expresamente el orden de los apellidos en la solicitud de inscripción en el Registro Civil. En el caso de que no se haga constar un orden concreto o exista desacuerdo en este extremo, se concederá a los padres un plazo de tres días para que comuniquen su decisión al Encargado del Registro Civil. Una vez transcurridos esos tres días, y si sigue sin haber una comunicación al respecto, será el propio Encargado del Registro quien establezca dicho orden atendiendo al interés superior del menor.

En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, será ésta la que determine los apellidos y podrá el progenitor determinar el orden de los apellidos.

El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores con idéntica filiación. En esa primera inscripción, cuando así se solicite, podrán constar la preposición «de» y las conjunciones «y» o «i» entre los apellidos.

Por otra parte, la Ley del Registro Civil también contempla la posibilidad de cambio de apellidos por declaración de voluntad del interesado o mediante expediente.

El cambio de apellidos por declaración de voluntad del interesado podrá llevarse a cabo en los siguientes supuestos:

1.º La inversión del orden de apellidos.

2.º La anteposición de la preposición «de» al primer apellido que fuera usualmente nombre propio o empezare por tal, así como las conjunciones «y» o «i» entre los apellidos.

3.º La acomodación de los apellidos de los hijos mayores de edad o emancipados al cambio de apellidos de los padres cuando aquellos expresamente lo consientan.

4.º La regularización ortográfica de los apellidos a la lengua española correspondiente y la adecuación gráfica al español de la fonética de apellidos también extranjeros.

5.º Cuando sobre la base de una filiación rectificada con posterioridad, el hijo o sus descendientes pretendieran conservar los apellidos que vinieren usando antes de la rectificación. Dicha conservación de apellidos deberá instarse dentro de los dos meses siguientes a la inscripción de la nueva filiación o, en su caso, a la mayoría de edad.

El cambio de apellidos mediante expediente será autorizado por el Encargado del Registro cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho, siendo utilizado habitualmente por el interesado.

b) Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan legítimamente al peticionario.

c) Que los apellidos que resulten del cambio no provengan de la misma línea.

jueves, 29 de junio de 2017

Derechos y protección institucional del colectivo LGTBI en Madrid

Madrid acoge estos días, por primera vez en la historia, la celebración del World Pride —Orgullo Mundial—, con numerosas actividades que culminan con la manifestación del 1 de julio, justo un año después de que la Comunidad de Madrid aprobase por unanimidad de los cuatro grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid (BOCM 10 de agosto de 2016).

El objeto de la citada Ley, tal y como indica su preámbulo, es establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de toda persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de su orientación sexual o identidad y/o expresión de género, así como garantizar una protección efectiva por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid a personas que sean víctimas de discriminación y delitos de odio, o sufran trato discriminatorio, vejatorio o degradante por orientación sexual e identidad y/o expresión de género.

La Ley declara que todas las personas Lesbianas, Gais, Trans, Biexuales e Intersexuales (LGTBI) tienen derecho a ser tratadas en condiciones de igualdad en cualquier ámbito de la vida, en particular, en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural, así como a disfrutar de una protección efectiva por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid en aquellos supuestos que sean víctimas de discriminación y delitos de odio, o sufran trato discriminatorio, vejatorio o degradante por orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

La Ley se inspira en unos principios fundamentales que han de regir la actuación de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas incluidas en su ámbito de aplicación.

1. El reconocimiento del derecho al disfrute de los derechos humanos: todas las personas, con independencia de su orientación sexual, expresión o identidad de género, tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos, destacando especialmente:

a) Igualdad y no discriminación: se prohíbe cualquier acto de discriminación directa o indirecta, por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar. La ley garantizará la protección efectiva contra cualquier discriminación.

b) Reconocimiento de la personalidad: toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de autodeterminación, dignidad y libertad. Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir, negar o modificar su orientación sexual, expresión o identidad de género.

c) Prevención: se adoptarán las medidas de prevención necesarias para evitar conductas homófobas, lesbófobas, bífobas y/o tránsfobas, así como una detección temprana de situaciones conducentes a violaciones del derecho a la igualdad y la no discriminación de personas LGTBI.

d) Integridad física y seguridad personal: se garantizará protección efectiva frente a cualquier acto de violencia o agresión contra la vida, la integridad física o psíquica o el honor personal que tenga causa directa o indirecta en la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, diversidad corporal o pertenencia a grupo familiar.

e) Protección frente a represalias: se adoptarán las medidas necesarias para la protección eficaz de toda persona frente a cualquier actuación o decisión que pueda suponer un trato desfavorable, como reacción al ejercicio o participación en el ejercicio de acción judicial o administrativa.

f) Privacidad: todas las personas tienen derecho a la privacidad, sin injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, incluyendo el derecho a optar por revelar o no la propia orientación sexual, diversidad corporal o identidad de género. Se adoptarán las medidas administrativas necesarias a fin de garantizar que en las menciones a las personas que accedan a servicios y prestaciones públicas y privadas, éstas reflejen la identidad de género manifestada, respetando la dignidad y privacidad de la persona concernida.

g) Garantía de un tratamiento adecuado en materia de salud: todas las personas tienen derecho a gozar de un alto nivel de protección en materia de salud. Ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género. Todo profesional de la salud o que preste sus servicios en el área sanitaria está obligado a proyectar la igualdad de trato a las personas LGTBI.

2. Efectividad de derechos: las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, promoverán políticas para el fomento de la igualdad, la visibilidad y la no discriminación por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género en el acceso, la formación y promoción de los miembros de las distintos cuerpos de Policía Local de nuestra Comunidad, así como en la asistencia a víctimas por motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género o pertenencia a grupo familiar.

Asimismo, los poderes públicos y cualquiera que preste servicios en el ámbito de la función pública o en el ámbito de la empresa privada, promoverán y garantizarán el cumplimiento efectivo del principio de igualdad y no discriminación, ejerciendo cuantas acciones afirmativas sean necesarias para eliminar las situaciones de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género y pertenencia a grupo familiar, incluido el fomento de las denuncias a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ante el órgano administrativo competente.

3. Derecho a recursos y resarcimientos efectivos: se garantizará a las personas LGTBI la reparación de sus derechos violados por motivo de orientación sexual o identidad de género.

Con esta Ley se creó también el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid como órgano consultivo de las Administraciones de la CAM y espacio de participación ciudadana en materia de derechos y deberes de las personas LGTBI. Asimismo, en la ley se fijan las bases para que tanto la Comunidad de Madrid como las entidades locales que la integran y las entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de las mismas adopten todo tipo de políticas activas e integrales de atención a las personas LGTBI con acciones formativas y divulgativas, campañas de sensibilización, procedimientos de lucha contra la discriminación, mecanismos de eliminación de prejuicios y estereotipos, programas de formación, capacitación y sensibilización de los funcionarios adscritos a las administraciones, campañas de visibilización y concienciación, etc.

viernes, 23 de junio de 2017

Solicitud fuera de plazo de prestaciones y subsidios por desempleo

Una de las preguntas que más se plantean ante los servicios de empleo es ¿qué ocurre si se presenta la solicitud de la prestación o subsidio fuera del plazo legalmente establecido? La respuesta varía según se trate de una prestación o de un subsidio.

En el caso de la prestación por desempleo (contributiva) el plazo marcado legalmente para su solicitud es de 15 días hábiles (sin contar sábados, domingos ni festivos) contados desde la fecha del cese en el trabajo (p. ej. extinción del contrato; carta de despido, etc.). Si la solicitud de la prestación contributiva se presenta una vez transcurrido este plazo legal de quince días, el sujeto tendrá derecho a que se le apruebe la prestación a partir de la fecha de la solicitud, perdiendo tantos días de prestación como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, de haberse solicitado en tiempo y forma, y aquella en que efectivamente se hubiese formulado. Por tanto, se reconoce la prestación pero se pierden días reconocidos.

Si lo que se está solicitando es un subsidio por desempleo (no contributivo) por haberse extinguido la prestación contributiva, por insuficiencia de cotización, etc. por insuficiencia de cotización o por haberse extinguido el contributivo) el plazo de solicitud es de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la situación legal de desempleo. En algunos casos para solicitar el subsidio hay que dejar pasar un mes, el denominado “mes de espera”, en cuyo caso el plazo de quince días empieza a contar una vez transcurrido ese mes de carencia. Cuando se presenta fuera de plazo la solicitud del subsidio por desempleo el solicitante tendrá derecho a que se le apruebe el subsidio a partir del día siguiente al de la solicitud, reduciéndose su duración en tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, de haberse solicitado en tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiera formulado la solicitud. Así pues, al igual que en el caso anterior, se reconoce el derecho a percibir el subsidio, pero también se pierden los días del retraso.

viernes, 16 de junio de 2017

Registro obligatorio de jornada de los trabajadores

Mucho se ha hablado últimamente de la obligación de la empresa de llevar un registro obligatorio de la jornada de sus trabajadores en la que hacer constar la hora de entrada y salida y las horas efectivamente trabajadas por todos los trabajadores de la plantilla y si dicha medida era obligatoria para todos los trabajadores, si sólo para los de jornada parcial, si también para los de jornada completa, etc. El propósito de este registro es controlar de forma efectiva las horas trabajadas y el adecuado cumplimiento de los horarios pactados.

El registro de jornada es obligatorio para computar las horas extraordinarias, y así el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores indica que “la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”. Lo que sucede es que los criterios aplicados por Inspección de Trabajo y algunas Sentencias han ido concretando y puliendo esta obligación del empresario.

En un principio, esta obligación del registro de horario establecida en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores se interpretó de una forma extensiva de modo que se obligaba al empresario a llevar un registro para todos los trabajadores de su plantilla, tanto temporales como indefinidos, y para los de jornada completa y jornada parcial. Este registro que se concretaba en un resumen mensual de las horas trabajadas y que se entregaba al trabajador junto al recibo de la nómina, derivó posteriormente a una obligación de registro diario e individualizado de horas, consignando cada trabajador su hora de entrada y salida, que debía firmar diariamente, sin perjuicio del estadillo mensual que también debía firmar junto al recibo de la nómina.

Resumiendo, dos recientes Sentencias del Tribunal Supremo, de 23 de marzo y 20 de abril de 2017 han reajustado esta obligación del empresario haciendo una interpretación restrictiva del artículo 35 ET e indicando que dicho artículo no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla para poder comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y los horarios pactados. Y aunque se apunta a la necesidad de una reforma legislativa que clarifique esta obligación de llevar un registro de horario que facilite al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias, lo cierto es que tal obligación no existe y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo estas obligaciones que pueden suponer cargas adicionales por múltiples variantes: registro de entrada y salida con existencia de diversas jornadas, trabajos fuera del centro de trabajo, distribución irregular de la jornada, etc.

Por tanto, el registro exigido actualmente se referirá únicamente a probar las horas extraordinarias y se entregará a final de mes de forma totalizada. El trabajador con ello no queda indefenso puesto que si la notificación de horas realizada por la empresa le parece incorrecto y puede justificar que ha realizado horas no computadas, precisamente, el hecho de que la empresa no lleve un registro diario de horas jugará a su favor pues la carga de la prueba de que no se han realizado pesará sobre la empresa.

sábado, 10 de junio de 2017

El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal de 2012

El Tribunal Constitucional ha anulado la amnistía fiscal del año 2012, si bien la sentencia no tendrá repercusiones jurídicas para las situaciones ya regularizadas.

Recordemos que cuando Mariano Rajoy accedió al Gobierno se encontró una situación de déficit que había que solucionar rápidamente y, a la vez, evitar la sombra de un rescate financiero. Se precisaba recaudar por encima de todo y para ello, junto a Cristóbal Montoro, ideó la fórmula de la amnistía fiscal. En realidad mediante el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, se puso en marcha la Declaración Tributaria Especial, popularmente conocida como amnistía fiscal, a la que los contribuyentes podían acogerse entre el 30 de marzo y el 30 de noviembre de 2012, satisfaciendo un gravamen único del 10% sin aplicación de intereses, sanciones ni recargos por los activos ocultos que aflorasen.
Ahora, cinco años más tarde, el Tribunal Constitucional en sentencia hecha pública el pasado jueves, ataca la medida aprobada en su día tanto en la forma como en el fondo.

Por una parte apunta que se recurrió para ello al Real Decreto-ley cuando en realidad debería haberse llevado a cabo a través de una ley ordinaria debatida en el Congreso. Se argumenta que se vulnera así el artículo 86 de la Constitución que prohíbe el uso del Real Decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten de forma relevante o sustancial a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución.

Por otra parte se argumenta que la amnistía fiscal supone la “abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”. Asimismo se apunta que se legitima “como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular”.

El Tribunal Constitucional proclama en su sentencia que la citada amnistía fiscal “ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 de la CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”.

También se refiere la sentencia a tres importantes efectos que tuvo la amnistía fiscal: permitió la regularización de rentas previamente ocultadas a un tipo reducido del 10%; eximió a los contribuyentes de la imposición de intereses de demora, recargos o sanciones administrativas o penales; y, convirtió las cantidades por las que se tributó en renta declarada a todos los efectos.