martes, 21 de octubre de 2014

Las importantes pérdidas sufridas por los inversores en CFDs

Los CFDs o Contratos por Diferencias (Contracts for Difference, CFD) son contratos en los que un inversor y una entidad financiera acuerdan intercambiarse la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un determinado activo subyacente (valores negociables, índices, divisas, tipos de interés u otro activo financiero).

Los CFD son productos complejos que se caracterizan por su elevado riesgo y cuyas pérdidas pueden superar lo invertido debido al efecto multiplicador que produce su apalancamiento. Se trata de productos no estandarizados por lo que el inversor debe considerar las posibles particularidades y riesgos específicos que pudieran presentar en cada caso (negociación de forma bilateral, cotización fuera de mercados regulados, riesgo de contraparte, etc.). Dada su elevada volatilidad requieren un seguimiento constante y al tratarse de productos apalancados con alto riesgo, pueden generar pérdidas superiores al capital inicial desembolsado.

Características de la operativa con CFDs

• Posibilidad de operar con expectativas de subida o bajada de los precios. Se compra un CFD cuando el inversor considera que el activo subyacente presenta expectativas alcistas, pues su objetivo es ingresar la diferencia entre su precio actual y un posible precio superior en el futuro. Por tanto, se obtienen ganancias cuando el precio del activo subyacente sea superior al precio al que se ha abierto la posición. Por el contrario, existirán pérdidas cuando el precio del activo subyacente sea menor que el precio al que se abrió la posición.

La operativa con CFDs también permite la venta. Con la venta de CFD se busca ingresar la diferencia entre el precio actual del activo subyacente y un precio que se prevé será inferior en el futuro. Se utiliza esta estrategia cuando el inversor prevé expectativas bajistas pues su ganancia viene dada por la bajada de la cotización del subyacente. Así pues, en caso de que las previsiones fuesen erróneas y el subyacente subiese de precio el inversor cosechará pérdidas por la diferencia entre el precio de cotización y el de su posición original.

• Vencimiento y generación de intereses. Los CFDs se liquidan diariamente pero puede prorrogarse la posición abierta los días que se desee, por lo que suele decirse que no tienen vencimiento. En estos casos la entidad habitualmente exige el pago de unos intereses por las posiciones compradas en concepto de financiación. También se permite que las posiciones vendidas que se mantengan de un día para otro sean retribuidas, en cuya caso se produce un ingreso en la cuenta del inversor, aunque el tipo de interés aplicado en este segundo caso es inferior al que la entidad aplica en las posiciones compradas.

• Apalancamiento y aportación de garantías. Una de las principales características de los CFDs es su apalancamiento, es decir, que para operar con CFD se necesita un capital mucho menor que el que se necesita para operar directamente en el mercado comprando o vendiendo el subyacente. Aquí no es preciso desembolsar íntegramente el importe del subyacente sino que basta con depositar, en concepto de garantía, un determinado porcentaje del importe. Esta garantía es fijada por la entidad y depende de los subyacentes con los que se opere. Precisamente por esta circunstancia las ganancias que se obtienen o las pérdidas que se generan tienen un efecto multiplicador, que pueden resultar extremadamente peligroso si no se ha acertado con la tendencia del mercado.

Ejemplo de operativa con CFDs

Compra de CFD (posición larga) y obtención de ganancias. Supongamos que las acciones de la sociedad “X” cotizan a 10 euros. Si el inversor decide comprar un contrato de 100 acciones de “X” a 10 euros es porque considera que la acción de esa compañía va a subir y su objetivo es aprovechar esa evolución alcista del mercado. Si la acción subiera a 11 euros el inversor obtendría la diferencia entre el precio de compra (1.000=100x10) y de venta (1.100=100x11), es decir, una ganancia de 100 euros (100=1.100-1000).

En esta operación podemos suponer que la entidad le exige aportar como garantía un 10% del importe total del capital que sería necesario para comprar o vender el subyacente en el mercado, esto es, 100 euros (100=100x10x0,10) frente a los 1.000 euros que precisaría para comprar directamente las acciones de “X”.

Compra de CFD (posición larga) y obtención de pérdidas. Con el mismo ejemplo anterior supongamos ahora que el inversor que compró 100 acciones de “X” a 10 euros aportando una garantía del 10% esperando obtener una ganancia por la revalorización del precio de la acción, se ve sorprendido por una evolución negativa del subyacente que pasa a cotizar a 9 euros. En este caso se enfrentará a unas pérdidas de 100 euros, que vendrán dadas por la diferencia entre el precio de compra (1.000=100x10) y de venta (900=100x9), es decir, una pérdida de 100 euros (100=900-1.000).
 
Alerta de la CNMV sobre las pérdidas con CFDs

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ya en 2013 emitió una advertencia a los inversores sobre los CFD, indicando que sólo debería considerarse este tipo de inversión cuando el inversor cuenta con una amplia experiencia en mercados volátiles y comprende plenamente cómo funciona el producto, incluidos sus riesgos y costes, y disponen de tiempo suficiente para gestionar su inversión. La Comisión Nacional del Mercado de Valore33s dio publicidad a dicho comunicado y ahora va más allá y ha hecho público un estudio cuyas conclusiones se publican en el Boletín Trimestral de la CNMV, en el que se indica el 75% de los inversores en contratos financieros por diferencias (CFD) pierde dinero. El estudio se ha centrado en los resultados individuales obtenidos durante casi dos años (desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de octubre de 2013) por los 8.000 clientes de las entidades más activas en la comercialización de este producto complejo con una cuota de mercado superior al 85%. Este análisis realizado por la CNMV arroja el escalofriante dato de que la pérdida media por inversor en las empresas analizadas asciende a 3.300 euros, siendo de más de 5.000 euros de media por inversor en alguna entidad y llegando a ser en algunos casos concretos superiores al millón de euros. Ese nivel de pérdidas produce una elevada rotación en este tipo de clientela ya que, aproximadamente, la cuarta parte de los clientes realizan operaciones sólo durante uno o dos meses, abandonando después esta operativa.

jueves, 16 de octubre de 2014

Fianza arrendaticia

La fianza arrendaticia o fianza en los contratos de arrendamiento es una cantidad de dinero, equivalente al importe de una mensualidad, que el arrendatario (inquilino) está obligado a entregar en depósito al arrendador (casero, propietario de la vivienda).

Tal y como se indica en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos mensualidades en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

Durante los tres primeros años de duración del contrato, la fianza se mantiene fija y no está sujeta a actualización. Sin embargo, cada vez que se prorrogue el arrendamiento, el arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada o el arrendatario podrá pedir que se disminuya, hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga.

La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo pactado para el arrendamiento exceda de tres años, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. A falta de pacto específico, lo acordado sobre actualización de la renta se presumirá querido también para la actualización de la fianza.

El objeto de esta fianza es servir de garantía para sufragar, al término del contrato, todas aquellas obligaciones del arrendatario que todavía se encuentren pendientes de pago o tengan repercusión económica, tales como rentas impagadas, recibos de suministros pendientes de pago, posibles desperfectos en la vivienda, etc.

El arrendador tiene la obligación de devolver al arrendatario la totalidad de la fianza o, en su caso, la parte resultante después de haber aplicado su importe a algún pago o reparación, cuando concluya el contrato y se proceda a la entrega de llaves. En caso de que transcurra un mes y el propietario no haya procedido a la restitución de la fianza el arrendatario  podrá exigir el importe de la fianza incrementado en el interés legal del dinero.

Una práctica bastante frecuente, aunque no del todo ajustada a Derecho pues desvirtúa la finalidad propia de la fianza, es la de que el inquilino deje de pagar el último mes del contrato con cargo a esa fianza. Sin embargo este procedimiento que puede resultar muy ventajoso para el arrendatario puede no serlo tanto para el arrendador cuando descubra al término del contrato que existen gastos pendientes o reparaciones que no pueden ser cubiertos por la fianza, y que deberán ser reclamados al inquilino posteriormente.

La fianza debe depositarse en el organismo público que tenga asumida dicha competencia y que, normalmente, corresponde a un organismo público establecido al efecto en cada Comunidad Autónoma.

El ingreso de la fianza se realiza por el arrendador o subarrendador, a través de transferencia bancaria, adjuntando, normalmente, copia y original del contrato de arrendamiento y copia y original del Documento Nacional de Identidad.

Además, las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico.

martes, 7 de octubre de 2014

¿Qué es y cómo funciona la hipoteca inversa?

La Ley 41/2007, de 7 de diciembre, de reforma del mercado hipotecario, dio carta de naturaleza a la hipoteca inversa, aunque algunas entidades ya habían iniciado su comercialización con anterioridad.

Se trata de una operación financiera especialmente diseñada para mayores de 65 años y personas dependientes o discapacitadas, con la que se posibilita convertir a dinero el valor patrimonial que representa la propiedad de su vivienda, sin perder la titularidad.

La hipoteca inversa se define como un préstamo o crédito hipotecario del que el propietario de la vivienda realiza disposiciones, periódicas o en forma de cobro único, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de tasación en el momento de la constitución, y al alcanzarse dicho porcentaje se deja de disponer de la renta aunque la deuda sigue generando intereses. En definitiva se trata de un crédito garantizado mediante la hipoteca de la vivienda habitual, que permite la obtención de una renta periódica o su disposición de una sola vez a mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa o gran dependencia. De esta forma, el capital obtenido actúa como complemento a la jubilación.

La hipoteca inversa debe ser concedida por una entidad de crédito o una entidad aseguradora y el solicitante y los beneficiarios que éste pueda designar deben ser mayores de 65 años o afectados de dependencia o personas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad superior al 33%.

Se exige que la tasación de la vivienda sea realizada por una sociedad de tasación y que el inmueble se encuentre asegurado contra daños. Lógicamente, el importe del crédito, y, por tanto, la cuantía a percibir, dependerá del precio de mercado de la vivienda, de la edad de la persona que suscriba la hipoteca y de la forma de percepción (capital único, renta temporal o renta vitalicia).

La titularidad de la vivienda por parte del propietario queda garantizada hasta su fallecimiento. Cuando fallece, sus descendientes tienen la opción de recuperarla cancelando el préstamo o pidiendo a la entidad que les reintegre la parte que todavía queda sin entregar de ese préstamo.

La gran ventaja de esta fórmula es que se garantiza el mantenimiento de la titularidad de la vivienda hasta el fallecimiento del propietario (prestatario) o, incluso, hasta el fallecimiento del último de los beneficiarios (p. ej. cónyuge), si así se estipula en el contrato, pues legalmente se establece que sólo en ese momento será exigible la deuda por el acreedor y la entidad de crédito queda facultada para ejecutar la garantía. Por tanto, mientras el mayor o dependiente que ha constituido la hipoteca (deudor hipotecario) no fallezca, la entidad de crédito (acreedor hipotecario) no podrá ejercer ninguna acción tendente a la recuperación de la deuda (capital dispuesto o rentas satisfechas, más los intereses generados), si bien se prevé la posibilidad de que la entidad declare el vencimiento anticipado del préstamo en caso de que el deudor hipotecario haya transmitido voluntariamente el bien hipotecado, salvo que se procediese, en su caso, a la sustitución de la garantía de manera suficiente.

Una vez fallecido el deudor hipotecario o el último beneficiario, corresponde a los herederos liquidar la situación con la entidad de crédito. Podrán optar por recuperar la vivienda cancelando el crédito hipotecario, para lo cual deberán satisfacer a la entidad de crédito la totalidad de los débitos vencidos más los intereses, sin que la entidad pueda en estos casos exigir ninguna compensación por la cancelación de la hipoteca. En el supuesto de que los herederos no quieran, o no puedan, cancelar el crédito hipotecario, la entidad de crédito podrá ejecutar la hipoteca y resarcirse así de los débitos vencidos, con sus intereses, teniendo en cuenta que en este caso la hipoteca responde de los intereses aun cuando éstos se hayan generado en plazo superior a cinco años. No obstante, la entidad sólo podrá obtener el recobro hasta donde alcancen los bienes de la herencia, sin que la entidad financiera pueda ejecutar el cobro con otro patrimonio personal de los herederos.

En cuanto a las obligaciones de información y transparencia, la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, determina la obligación de entregar una oferta vinculante mediante una Ficha de Información Personalizada y la prestación de un servicio de asesoramiento independiente.

Finalmente, y haciendo referencia a su régimen fiscal, atendiendo a la disposición adicional decimoquinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, están exentas en el IRPF las rentas obtenidas por mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa o gran dependencia por la constitución de hipotecas inversas sobre su vivienda habitual.

Además, las escrituras públicas que documenten la constitución, subrogación, novación modificativa y cancelación gozarán de una reducción del 90% de los honorarios registrales y de exención de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según se indica en la disposición adicional primera de la Ley 41/2007.

domingo, 28 de septiembre de 2014

La residencia fiscal de las personas físicas

En nuestro ordenamiento se entiende que una persona física tiene su residencia habitual en España cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) Que permanezca en España más de 183 días durante el año natural. Para determinar este período de permanencia se computan sus ausencias esporádicas, salvo que acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios calificados como paraíso fiscal, la Administración tributaria puede exigir que pruebe la permanencia en dicho paraíso fiscal durante 183 días en el año natural. Para determinar el período de permanencia no se computarán las estancias temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las Administraciones Públicas Españolas.

2) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Asimismo, se presumirá, salvo prueba en contrario, que un contribuyente tiene su residencia habitual en España cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que de él dependan.

Además, las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia en un paraíso fiscal, seguirán teniendo la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tanto en el período impositivo en el que efectúe el cambio de residencia como en los cuatro períodos impositivos siguientes. Esta es la llamada regla de la «cuarentena fiscal». Excepcionalmente, esta regla no resultará de aplicación a las personas físicas de nacionalidad española residentes en el Principado de Andorra que acrediten su condición de trabajadores asalariados.

Una persona física será residente o no residente durante todo el año natural, ya que el cambio de residencia no supone la interrupción del período impositivo.

La acreditación de la residencia fiscal se efectúa exclusivamente con certificado expedido por la Autoridad Fiscal competente del país, en el que conste el período de permanencia y el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. El plazo de validez del certificado de residencia fiscal es de un año a partir de su fecha de expedición.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Pago de la publicidad en Internet

En una entrada anterior comenté las distintas formas de contratar una campaña publicitaria en Internet (posición fija, rotación, aplicando filtros de segmentación, por palabras clave, etc.). Para cada una de las opciones publicitarias interactivas y multimedia que hay en la red, existe una método diferente de contratar/cobrar.
Una de las más comunes es el coste por impresión. A estos efectos, se entiende por impresión o impacto, la petición de un archivo o banner por parte del usuario, como resultado directo de la acción del visitante de la web. La impresión se considera realizada cuando ha bajado la totalidad de la página solicitada. Con esta medida se evitan casos en los que el banner del anunciante no es visualizado, aunque sí la mayor parte de la página dado el peso o tamaño de este banner.
Se calcula a partir del número de impresiones de las páginas que contienen los banners. Su coste es muy variado y oscila en España entre los 0,5 y 3 céntimos de euro por impresión. Generalmente se contrata por millar de impresiones, por lo que se denomina CPM (coste por mil impresiones). Con el CPM, se sabe a priori el número de impresiones que se conseguirán. Es posible segmentar a la audiencia.
En un principio había grandes diferencias en las tarifas de inserción de banners, algunas verdaderamente desorbitadas, sin embargo, la introducción de sistemas de auditoría a través de OJD (http://www.ojd.es), ha homogeneizado el panorama a la vez que se tiene un sistema de certificación de la difusión.
En otras ocasiones, la publicidad se contrata con una tarifa fija, es decir, se paga una cantidad fija por un período de tiempo determinado. En general, el coste es muy variable y viene dado por una negociación directa entre el servidor y el anunciante. Con ello se factura según el formato y considerando su afluencia aproximada de audiencia y olvidando el concepto de impactos logrados. Así se imita la política de tarificación de cualquier diario escrito de información general.
Una modalidad muy utilizada es el Coste por Click Through (CTR). Se entiende por click through cada vez que el internauta pulsa el banner y accede a la información que el anunciante ofrece tras éste. Se trata de una tarifa variable en la que el anunciante paga el acceso real a su página. De esta manera, se intenta que el coste de la campaña se ajuste a la eficacia real de la misma, por lo mismo su coste, a priori, no es posible conocerlo con certeza. Se calcula dividiendo el número de clics registrados entre el total de impresiones servidas. Esta tarifa no se ha consolidado en nuestro país. Se ha observado que el internauta se encuentra reticente a la hora de clickar un anuncio debido al miedo a perderse en la gran tela de araña, perder dinero y perder tiempo. El usuario no quiere abandonar el camino que tomó al acceder a la Red y no aceptará que un anuncio le incite a ello.
Una fórmula mixta combina dos tipos de tarifas, pagándose una cantidad fija al mes y una variable, en función del número de impresiones. A veces se puede encontrar una tarifa basada en la combinación de la cuota fija junto a la de click, es decir, se paga cada mes una cuota fija, más reducida de lo normal, así como una cantidad variable en función del número de impresiones obtenidas.
Cuando se opta por el coste por patrocinio, las tarifas se cobrarán en función del volumen de audiencia y de la tipología, así como de la presencia del anunciante en el site. El anunciante realiza una aportación económica, previamente negociada con el servidor, a cambio de que éste aloje su publicidad o facilite su presencia corporativa en sus páginas de manera destacada.
El coste por lead (CPL) es el coste de generar contactos cualificados, es decir, una referencia de una persona interesada en comprar el producto. Por tanto este coste es más caro que el coste por impresión o click.
En el pago por venta, anunciante y propietario de la sede Web establecen un acuerdo, a partir del cual, el anunciante no paga por los impactos o por los clicks que genera un espacio publicitario sino por las ventas derivadas de la colocación de un banner, botones. Es un sistema muy innovador, puede resultar beneficioso para el anunciante, pero muy arriesgado para el propietario del site. La presencia de un banner poco atractivo puede suponer un desperdicio de impresiones, por eso, es interesante realizar un test con diferentes banners y comprobar la efectividad de cada uno.
El sistema de pago por enlace supone las típicas acciones B2B dentro de sites visitadas por colectivos profesionales muy específicos. Son acciones de target marketing y se paga por enlace efectivo, generalmente a través de hipertexto. 
Coste de la publicidad en Internet
Coste por impresión
El anunciante paga porque se vea la página web donde está su banner.
Se calcula a partir del número de impresiones de las páginas que contienen el banner.
Su coste es conocido desde el principio, aunque no su eficacia.
Coste por mil impresiones (CPM)
Es el coste por impresión que se contrata por mil impresiones, es decir, por mil páginas descargadas.
Tarifa fija
Se paga una cantidad fija por un período determinado.
Coste por Click Through (CTR)
El anunciante paga por el acceso real a su página, es decir, cuando ya se ha hecho clic en el banner.
Se calcula dividiendo el número de clics registrados entre el total de impresiones.
Su coste no es conocido de antemano y no ha triunfado en España.
Tarifa mixta
Se paga una cantidad fija al mes y una variable en función del número de impresiones.
Coste por patrocinio
Se paga en función del volumen de audiencia de la página y la presencia del anunciante en el website.
Coste por lead (CPL)
Se paga por contactos cualificados, es decir, por personas interesadas.
Pago por venta
Se paga por las ventas realizadas derivadas de la colocación del banner.
Pago por enlace
Se paga por enlace efectivo a través de hipertexto (B2B)
 
 

lunes, 1 de septiembre de 2014

Contratación de la publicidad en Internet


Existen distintas formas de contratar una campaña publicitaria en Internet, por ejemplo por su emisión, asegurándonos una posición fija o por el contrario una rotación general; o atendiendo a criterios de segmentación, aplicando filtros por edad, sexo, etc. u optar por compra de palabras clave, exclusivas o no. etc.

La contratación de publicidad en función de su emisión, la publicidad en Internet puede ser en posición fija o como rotación general. La posición fija responde a un esquema de anuncio fijo en un determinado sitio o canal basada en el tiempo de exposición. La rotación general implica que la publicidad va rotando por todas las páginas del portal. A su vez, esta rotación general puede ser “run of site” (ROS) donde el anuncio rota a lo largo del sitio web, pudiendo la misma contener o no segmentación o “run of channel” (ROC) en cuyo caso el anuncio está administrado dentro de canales específicos, según las preferencias del usuario en función de las necesidades del anunciante.

La contratación de publicidad según criterios de segmentación implica que se atenderá, por ejemplo, a IP, seleccionando sólo las IP de procedencia española; o por dominios: “.es”, “.com”, etc.; o por frecuencia, etc. En esta segmentación se pueden aplicar filtros. La mayoría de los portales tienen segmentaciones complementarias como sexo, edad, interés, ocupación y dominio. La tecnología del ad-server hace posible segmentar los banner en función del usuario, es decir, por dominio, por ejemplo si estamos anunciando jamones ibéricos, un producto claramente de consumo español y consideramos que no tiene ningún interés para los usuarios alemanes, éste no aparecerá a aquellos usuarios con un dominio alemán; o también en función del tiempo, así podemos contratar que nuestro banner rote por ejemplo entre las 15.00h –16.00h y entre las 21.00-22.00h de jueves a domingos porque consideramos que esas son las horas en las que se conecta nuestro público objetivo.

La contratación de la publicidad según palabras clave, en exclusiva o no, es una técnica publicitaria en Internet consistente en que el banner del anunciante se despliega cuando el usuario realiza una búsqueda utilizando un “keyword” concreto. El precio depende de la popularidad de la palabra clave, un ejemplo puede ser si una empresa del sector del automóvil quiere comprar la palabra “coche” el precio sería más elevado que el de otra palabra no tan común como podría ser “llantas”. Cuando se compra la palabra clave en exclusiva nos garantizan que aparecerá nuestro banner y si la compra no es en exclusiva, puede darse el caso de que varias empresas hayan comprado esa palabra y los banners irán rotando, por tanto no siempre aparece el banner del mismo anunciante.

lunes, 25 de agosto de 2014

La contingencia de jubilación en los planes de pensiones

La Ley reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, determina en su artículo 8, en la redacción dada por la Ley 17/2014, las contingencias cubiertas por los planes de pensiones, citando como tales la jubilación, la incapacidad laboral total y permanente, la muerte del partícipe o beneficiario y la dependencia severa o gran dependencia del partícipe.

En relación con la contingencia de jubilación, tanto la Ley como el Reglamento de los Planes de Pensiones remiten a lo previsto en el Régimen de Seguridad Social correspondiente. Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación, la contingencia se entenderá producida a partir de que cumpla los 65 años de edad, en el momento en que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional, y no se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación para ningún Régimen de la Seguridad Social. No obstante, si las especificaciones del plan de pensiones lo prevén, podrá anticiparse la percepción de la prestación correspondiente a jubilación a partir de los 60 años de edad, siempre que concurran en el partícipe las siguientes circunstancias:

a) Que haya cesado en toda actividad determinante del alta en la Seguridad Social, sin perjuicio de que, en su caso, continúe asimilado al alta en algún régimen de la Seguridad Social.

b) Que en el momento de solicitar la disposición anticipada no reúna todavía los requisitos para la obtención de la prestación de jubilación en el régimen de la Seguridad Social correspondiente.

Asimismo, los planes de pensiones podrán prever el pago anticipado de la prestación correspondiente a la jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a situación legal de desempleo en los casos de muerte del empresario o extinción de la personalidad jurídica del empleador, despido colectivo, despido por causas objetivas y procedimiento concursal y sucesión de empresa. En estos casos de anticipo de la prestación correspondiente a la jubilación, el beneficiario podrá reanudar las aportaciones para cualesquiera contingencias susceptibles de acaecer, incluida la jubilación, una vez que hubiere percibido aquella íntegramente o suspendido el cobro asignando expresamente el remanente a dichas contingencias.

A partir del acceso a la jubilación, el partícipe podrá seguir realizando aportaciones al plan de pensiones. No obstante, una vez iniciado el cobro de la prestación de jubilación o el cobro anticipado de la prestación correspondiente a jubilación, las aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias de fallecimiento y dependencia. El mismo régimen se aplicará cuando no sea posible el acceso a la jubilación, a las aportaciones que se realicen a partir de que se cumplan los 65 años de edad.