viernes, 17 de noviembre de 2017

Principios informadores del Derecho Penal

El Derecho Penal es la rama del Derecho Público que regula la potestad punitiva del Estado, es decir, está formado por un conjunto de normas que asocian castigos y penas a conductas antisociales: los delitos y las faltas.

En un Estado de Social y Democrático de Derecho como el español, el Derecho Penal está revestido de los principios constitucionales y tiene los denominados “principios informadores del Derecho Penal” que vamos a resumir a continuación.

· Principio de legalidad. El principio de legalidad ya se recoge en la Constitución al indicar que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Así pues, sólo puede ser considerado delito aquella conducta que haya sido expresamente prevista por la Ley en el momento en que se produjo la misma. La conducta debe estar tipificada como delito y contemplar la pena impuesta para dicha conducta antijurídica.

· Principio de intervención mínima. El principio de intervención mínima o de “última ratio” supone que el Derecho Penal entra en juego cuando no existe otro remedio y hayan fracasado otros sistemas de protección del ciudadano. Por ello sólo se castigan aquellas conductas humanas socialmente relevantes que lesionen o bien pongan en peligro un bien jurídico protegido, individual o colectivo. Esto lleva a la necesidad de distinguir entre conductas socialmente relevantes y las que no lo son, puesto que el Derecho Penal sólo interviene para la protección de intereses mayoritarios y necesarios para el funcionamiento del Estado de Derecho.

· Principio de aplicación de la norma más favorable. En caso de colisión entre dos normas penales cuya vigencia temporal ha sido diferente, pudiéndose aplicar cualquiera de ellas al reo, debe aplicarse la más favorable para éste.

· Principio de proporcionalidad en las penas. Las penas deben estar en relación con la gravedad de la conducta de modo que las conductas más graves se sancionarán con penas privativas de libertad mientras que las menos graves llevarán aparejadas sanciones menores. El principio de proporcionalidad implica que deben sancionarse de igual manera conductas de igual gravedad.

· Principio de culpabilidad. Sólo puede castigarse penalmente al autor de la conducta cuando cabe reprocharle personalmente el hecho. El autor para ser culpable penalmente debe haber intervenido en la conducta conscientemente y con ánimo de perseguir su resultado (dolo) o sin la más mínima diligencia esperable de una persona en su circunstancia (culpa). Este principio supone que nadie puede ser sancionado por hechos ajenos (principio de personalidad); nadie puede ser sancionado por un hecho que no le es personalmente reprochable porque tiene defectos o circunstancias que en ese momento le privaban de su capacidad de querer o entender (principio de imputación personal) y solamente se puede sancionar por un determinado hecho si ha mediado dolo o culpa (imprudencia). 

· Principio “non bis in idem”. Con base en este principio una persona no puede ser castigada dos veces por una misma infracción cuando existe identidad de sujeto, hecho y fundamento. También este principio supone que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos o lo que es lo mismo, no pueden darse dos procedimientos con el mismo objeto. En el caso de que una conducta infringiera dos preceptos penales (concurso de leyes) debe primar el criterio de la especialidad, subsidiariedad o de consunción.

· Principio de irretroactividad de las leyes penales no favorables. Una conducta sólo podrá ser punible cuando en el momento de cometerse el delito o la falta ya está sancionada por la Ley. No es posible castigar una conducta que fue realizada antes de la existencia de la norma punitiva. Ahora bien, si en el momento de enjuiciar a una persona por una conducta cometida en un momento en que la pena era mayor, esta le es más favorable, se aplicará la nueva normativa en vigor.

viernes, 10 de noviembre de 2017

Infracciones y sanciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios

Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios, según se indica en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:

a) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria.

b) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.

c) El incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública.

d) La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad, incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza o la garantía, arreglo o reparación de productos de naturaleza duradera y en general cualquier situación que induzca a engaño o confusión o que impida reconocer la verdadera naturaleza del bien o servicio.

e) El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales.

f) El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o tipificación, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios.

g) El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para los consumidores y usuarios.

h) La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección.

i) La introducción de cláusulas abusivas en los contratos.

j) Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la obstaculización al ejercicio de tal derecho del consumidor a través del procedimiento pactado, la falta de previsión de éste o la falta de comunicación al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio.

k) La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del empresario, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.

l) El uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios.

m) Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestación de los servicios, y en especial las previstas como tales en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

n) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios, en los términos previstos en la legislación autonómica que resulte de aplicación.

o) La obstrucción o negativa a suministrar las condiciones generales de la contratación.

Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios serán sancionadas por las Administraciones públicas competentes con multas de acuerdo con la siguiente graduación:

· Infracciones leves, hasta 3.005,06 euros.

· Infracciones graves, entre 3.005,07 euros y 15.025,30 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de la infracción.

· Infracciones muy graves, entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de infracción.

Asimismo, la Administración Pública competente, en el caso de infracciones muy graves podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años. No obstante, la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad y la retirada del mercado precautoria o definitiva de bienes o servicios por razones de salud y seguridad, no tienen el carácter de sanción.

Igualmente, como sanciones accesorias la Administración puede acordar el  decomiso de la mercancía adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgo para el consumidor y usuario, corriendo por cuenta del infractor los gastos derivados del transporte, distribución y/o destrucción de la mercancía requisada, así como la publicidad de las sanciones impuestas, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas naturales o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infracciones, siempre que concurra riesgo para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción.

viernes, 3 de noviembre de 2017

Plan de Prevención de Riesgos Laborales

El empresario está obligado a garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores que tiene contratados y para ello la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en función del número de trabajadores y de la naturaleza y peligrosidad de la actividad, establece unas obligaciones en relación con:
1) La elaboración e implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

2) La correcta evaluación de los riesgos.

3) La planificación y ejecución de la actividad preventiva.

La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales, que deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa.

El artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, configura el Plan de Prevención de Riesgos Laborales como la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales.

El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.

Este Plan de Prevención de Riesgos Laborales debe estar reflejado en un documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos:

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.

b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.

Para llevar a la práctica lo reflejado en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales las empresas deben utilizar dos instrumentos esenciales: la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

viernes, 27 de octubre de 2017

Novedades en la ITV

Una de las obligaciones que tienen los propietarios de vehículos de motor es pasar la denominada Inspección Técnica de Vehículos (ITV). En el caso de los turismos la primera revisión se realiza a los cuatro años y a partir de esa fecha cada dos años, hasta que el vehículo tiene una antigüedad superior a diez años que la revisión se pasa anualmente.

En esa inspección técnica los centros autorizados se encargan de examinar distintos aspectos del vehículo: estado de los frenos, de la dirección, ajuste de los cinturones, condiciones de visibilidad (luces y limpiaparabrisas), emisiones contaminantes, etc.

Pues bien, recientemente se ha cambiado la legislación española, de acuerdo con la normativa comunitaria, a fin de imprimir aún más rigor en esta revisión periódica que a partir de 2018.

La nueva ITV se va a caracterizar por ser más exigente en lo relativo a las emisiones contaminantes y para detectar posibles fraudes y manipulaciones en los automóviles. Sobre este punto basta recordar el caso de Volkswagen y su manipulación artificial de los motores para que arrojen unas cifras menos contaminantes de lo que en realidad debían reflejar. Ello obliga a que los centros deban contar con herramientas de diagnóstico electrónico que se conectan con los ordenadores de a bordo de los vehículos, así como personal debidamente formado. Con ello se da un primer paso hacia la inspección de los sistemas de seguridad electrónicos y la mejora del control de emisiones.

Otra novedad de la nueva ITV es que permite adelantar hasta un mes la fecha de la inspección, sin que por ello se adelante también la fecha de la siguiente inspección. Por ejemplo, si un coche tenía prevista una fecha de inspección de 5 de noviembre de 2017 y el usuario decidía pasar la ITV un 11 de octubre, con el sistema actual la siguiente revisión (si ésta fuese cada dos años) debería pasarse antes del 15 de octubre de 2019. Sin embargo, con el nuevo sistema que se va a implantar se mantiene la fecha de 5 de noviembre de 2019 aunque la revisión se haya adelantado unos días, siempre con un límite máximo de un mes.

Otra facilidad que tendrá la nueva ITV es la posibilidad de cambiar de estación ITV cuando el resultado sea desfavorable. Hasta ahora cuando pasabas la inspección en una estación y el informe era desfavorable y te concedían un mes para volver a pasarla, obligatoriamente se debía acudir a la misma estación ITV. Sin embargo, ahora se permite que esa segunda inspección se pase en otra estación diferente.

viernes, 20 de octubre de 2017

El delito de sedición

Desde que el pasado lunes, 16 de octubre, la Jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dictara auto de prisión provisional contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes, respectivamente, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, principales movilizadores del independentismo catalán, muchas opiniones se han vertido sobre las circunstancias de su ingreso en prisión y su condición de presos políticos o presos comunes.

El auto de prisión provisional contra “los Jordis” lo ha dictado la jueza considerando que ellos han sido los principales promotores y directores de las protestas del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, manifestaciones que tenían como finalidad entorpecer y obstaculizar las operaciones policiales y judiciales (operación Anubis) de registro de edificios oficiales a fin de impedir la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Se justifica en el auto judicial que las manifestaciones convocadas no tenían carácter pacífico sino que, por el contrario, estaban diseñadas con un objetivo superior pues se encuadraban en una estrategia global dentro de la hoja de ruta del independentismo, en las que los imputados jugaban un papel esencial.

El papel incitador que “los Jordis” tienen en esas manifestaciones se aprecia, simplemente, mirando la imagen en la que ambos aparecen megáfono en mano alentando a la multitud desde lo alto de un vehículo de la Guardia Civil. No me gusta hacer juicios de valor, pero creo que en este caso una imagen vale más que mil palabras y, en mi opinión particular, considero más que acertado el auto de prisión provisional por delito de sedición.

Recordemos que el Código Penal, en su artículo 544 declara que son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. Continua el artículo 545 castigando con la pena de prisión de ocho a diez años a los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, y con pena de diez a quince años si fueran personas constituidas en autoridad.

Pues bien, analizado el contenido del artículo 544 no cabe duda de que el comportamiento de los dos encausados entra de lleno en el ámbito del delito de sedición, pudiendo llegar incluso a ser considerados reos del delito de rebelión por alzarse violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Finalmente, sólo quisiera hacer una apreciación sobre su consideración como “presos políticos”. A mi entender, y lo que es más importante, a juicio de otros muchos expertos, no se puede considerar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart como presos políticos dado que su prisión no se fundamenta en sus ideas políticas y no se ha realizado de forma arbitraria ni discriminatoria. En realidad, se trata de presos comunes o, como se ha dicho también de “políticos presos”, es decir, han sido dos personas que han cometido unos actos que son constitutivos del delito de sedición y, además, su riesgo de fuga, su reiteración delictiva, la destrucción de pruebas y la obstrucción a la justicia han motivado la adopción de la prisión provisional.

viernes, 13 de octubre de 2017

¿Qué alcance tiene el artículo 155 de la Constitución?

En estos días mucho se está hablando sobre la necesidad o no de que el Gobierno aplique en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, pero muchos no saben exactamente en qué consiste dicho artículo.

El artículo 155 de la Constitución está encuadrado en el Título VIII dedicado a la Organización Territorial del Estado y más concretamente en su Capítulo III que trata de las Comunidades Autónomas.

Textualmente, el 155 establece que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”, aclarando en el apartado segundo que “para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.

Así pues, vemos que para su aplicación se requiere un presupuesto de hecho que es que la Comunidad Autónoma en cuestión no cumpla las obligaciones que emanan de la Constitución o que actuare de forma que atente gravemente al interés general de España. Parece que el presupuesto de hecho está cumplido ampliamente, ya no sólo porque se atente al interés general del Estado cuando una parte del mismo decide unilateralmente desgajarse, sino también porque se ha celebrado un referéndum, el 1 de octubre, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y porque el mismo Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de España contra la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Además, en este sentido conviene recordar lo establecido en el artículo 161.2 de la Constitución que habilita al Gobierno para impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, añadiendo, además, que la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

De este modo, atendiendo a la literalidad de la Constitución, la Ley de Transitoriedad está suspendida y no resulta aplicable, puesto que está recurrida, cuestión distinta es que desde la Generalitat hagan oídos sordos, puesto que también estaba suspendido el referéndum y se celebró, a pesar de ello.

Siguiendo con el contenido del artículo 155, el procedimiento establecido es requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma, es este caso Carles Puigdemont. Aunque también en este caso es de prever una nula colaboración por parte de los órganos políticos catalanes, por lo que habrá que optar por el segundo mecanismo establecido legalmente que consiste en la aprobación por mayoría absoluta del Senado. Esta segunda vía no plantearía problemas dado que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Finalmente, el artículo 155 habla de adoptar las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Dada esta expresión abierta, puede entenderse que entre el catálogo de medidas que puede o podría tomar el Gobierno se encuadrarían las que estime oportunas, tanto políticas como económicas. A título de ejemplo, entre otras, se podrías adoptar: intervención en los órganos de gobierno; destitución de miembros del gobierno; disolución de la Asamblea; suspensión de competencias delegadas, intervención de las cuentas públicas, etc.

viernes, 6 de octubre de 2017

Agilidad en el cambio del domicilio social

No suele ser mi estilo comentar noticias políticas en el blog, pero la realidad que estamos viviendo con la escalada independentista, llevada a sus máximos extremos con el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y la posibilidad de que el Gobierno de la Generalitat con Puigdemont a la cabeza declare unilateralmente la independencia de Cataluña, me ha llevado a tratar hoy una de sus derivadas jurídicas: el cambio de domicilio social de las empresas radicadas en Cataluña.

Ayer jueves, Banco Sabadell ya anunció que trasladaba su domicilio social a Alicante, mientras que Caixabank presumiblemente lo hará en breve. Otras entidades que en esta semana han desplazado su sede social fuera de Cataluña son la empresa biotecnológica Oryzon Genomics, la operadora de telecomunicaciones Eurona y la distribuidora de productos dentales Proclinic, y otras tantas están barajando seriamente su cambio de domicilio social como Catalana Occidente, Gas Natural o Freixenet, por citar sólo las más conocidas.

Debemos recordar que hasta mayo de 2015 la modificación de los estatutos sociales para acordar el cambio del domicilio social era una competencia exclusiva de la junta de accionistas, salvo cuando el cambio se hiciera dentro del mismo término municipal, en cuyo caso podría decidirlo el órgano de administración sin necesidad de aprobarse el acuerdo en junta. Sin embargo, esta situación cambió con la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, que modificó el apartado segundo del artículo del artículo 285 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para establecer una excepción al principio general de que cualquier modificación de los estatutos es competencia de la junta general. De este modo, salvo disposición contraria de los estatutos sociales, el órgano de administración es competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

De hecho, la mayor parte de las sociedades ya han ido adaptando sus estatutos sociales en orden a permitir que simplemente con el acuerdo del consejo de administración se pueda trasladar el domicilio social y, precisamente, las sociedades mercantiles que ya tenían sus estatutos adaptados ya han tomado la decisión de trasladar fuera de Cataluña su domicilio social o están barajando seriamente esa posibilidad.

De todos modos, el Gobierno de España, en aras de garantizar la seguridad jurídica y permitir agilizar los cambios de domicilio social ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy viernes el Real Decreto Ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, y que facilita, aún más, el cambio de domicilio social sin necesidad de requerir acuerdo de la junta general. En este sentido, se modifica nuevamente el apartado segundo del artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital para reiterar que el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos, añadiendo que se considerará que hay disposición contraria de los estatutos sólo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.