sábado, 1 de agosto de 2015

Cobro de comisiones por retirada de efectivo en cajeros automáticos

El Banco de España, en nota de prensa publicada ayer, hace público su criterio y considera que la retirada de efectivo en un cajero automático constituye un único servicio de pago, con independencia de que se realice en un cajero propiedad de la entidad emisora de la tarjeta bancaria o de otra entidad. Así pues, dado que se trata de un único servicio de pago sólo puede originar el cobro de una comisión, ya sea por la entidad emisora de la tarjeta o por la entidad propietaria del cajero, y no por ambas entidades.

Para comunicar este criterio a las entidades afectadas y garantizar su cumplimiento, el Banco de España ha acordado remitir sendos escritos a la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) y la Asociación Española de Entidades de Pago (ANAED), como asociaciones representativas de las entidades supervisadas que desarrollan actividad de servicios de pago, instando a las entidades intervinientes en esta operativa a que adopten las medidas necesarias para garantizar que, en cada operación, se procede al cobro de la comisión sólo por una de ellas.

Conviene recordar que en España existen tres redes de tarjetas (ServiRed, Telebanco 4B y Euro 6000) y que cada banco está adherido a una de esas redes. Generalmente, la retirada de efectivo en cajero de la misma entidad suele ser gratuito (p. ej. retirada de efectivo en cajero de Banco Santander con tarjeta 4B emitida por Santander), pero las entidades cobran una comisión por retirar dinero de cajeros pertenecientes a la misma red pero que son de otra entidad (p. ej. sacar dinero en cajero de Banco Popular con tarjeta 4B emitida por el Banco Santander).

Cuando vamos a sacar dinero de un cajero de una entidad distinta, esta entidad (la que ha prestado el cajero automático en la operación de retirada de efectivo) cobra a la entidad emisora de la tarjeta la denominada tasa de intercambio. Sobre el concepto de la tasa de intercambio sus límites en las operaciones con tarjeta puede consultarse otra entrada de este mismo blog (http://loquelaleyregula.blogspot.com.es/2014/07/limites-la-tasas-de-intercambio-en-las.html).

Legalmente, la tasa de intercambio se define como toda comisión o retribución pagada, directa o indirectamente, por cada operación efectuada entre los proveedores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario que intervengan en una operación de pago mediante tarjeta. Así pues, las Tasas Multilaterales de Intercambio (TIM) son las tasas que las entidades bancarias se pagan entre sí para que se puedan realizar las transacciones comerciales, sin importar que las tarjetas correspondan o no a la entidad que realiza la transacción. Si no existieran las tasas de intercambio, el cliente sólo podría pagar con tarjeta de crédito en aquellos comercios que tuvieran un acuerdo con su entidad emisora y sólo podrían sacar dinero en cajeros de su propia entidad. Lo que sucede es que, a su vez, la entidad suele repercutir al cliente el coste de esa tasa de intercambio o, al menos, trasladarle parcialmente el importe de esa tasa que debe pagar a la entidad emisora de la tarjeta.

La alarma saltó cuando CaixaBank anunció que iba a cobrar directamente una comisión de dos euros a los no clientes por sacar dinero de sus cajeros, en lugar de aplicar la tasa de intercambio correspondiente a los bancos emisores de las tarjetas utilizadas, práctica bancaria que iba a ser seguida igualmente por “los grandes”, tal y como habían anunciando también BBVA y Santander, así como alguna otra entidad, quedando otras como Popular a la espera de lo que hiciese la competencia.

El argumento utilizado por las entidades es que han realizado grandes inversiones para renovar las infraestructuras de los cajeros automáticos y que ello justifica el cobro de la comisión. No obstante, el Banco de España en su comunicado hace notar que la retirada de efectivo, ya sea en cajero de la propia entidad emisora de la tarjeta o en cajero de otra entidad distinta, es un único servicio de pago y, por tanto, sólo genera una única comisión. Por todo ello es importante saber qué bancos pertenecen a cada uno de los sistemas de pago.
  
· ServiRed. La Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. es el esquema de medios de pago líder en España. Cuenta con 40 millones de tarjetas emitidas, 945.860 comercios y cerca de 34.000 cajeros. ServiRed tiene 93 miembros (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito), de los cuales 72 son accionistas de la sociedad. Entre otros, pertenecen a Servired: Grupo BBVA; Grupo CaixaBank; Grupo Bankia; Grupo CatalunyaCaixa; Grupo Bankinter; Grupo Banco Sabadell; Grupo Caja España-Duero; Grupo Cooperativo Cajamar; Grupo Caja Rural; Barclays; Citibank; Deutsche Bank; Banco Mediolanum; Novanca; Banca Pueyo; Triodos Bank, etc. Para listado completo: http://www.servired.es/servired/miembros-servired/?lang=es

· Sistema 4B. Es un sistema de medios de pago participado por bancos españoles con el objetivo de impulsar los medios de pago electrónicos a través de tarjetas, como sustitución del efectivo, garantizando la calidad y confianza en el servicio del cliente final y la reducción de costes operativos para los bancos. 4B tiene emitidas 20 millones de tarjetas, tanto de débito como de crédito; cuenta con 12.752 cajeros automáticos de la red Telebanco 4B y ya admiten sus tarjetas 455.680 comercios que se han adherido a la red. Las entidades adheridas al sistema 4B son Banco Santander; Banco Popular Español; Banco Español de Crédito; Banca March; Bancopopular-e.com; Iberagentes Popular Banca Privada; Banif Banca Privada; Open Bank; Santander Consumer Finance; Banco Cetelem; Banco Inversis Net; Eurocrédito E.F.C.; Iberiacards; ING Direct; Servicios Financieros Carrefour y Targo Bank. Para listado completo: http://www.4b.es/sistema-4b/miembros

· Euro 6000. Es un sociedad anónima cuyo objeto es administrar las redes y productos de medios de pago promovidos conjuntamente por sus entidades participantes, desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros sistemas pago naciones e internacionales. Cuenta con 18.098 cajeros y 142.627 terminales en comercios adheridos. Las entidades adheridas a Euro 6000 son: Cecabank; Banco Mare Nostrum (BMN); IberCaja; Unicaja Banco; Caixa Ontinyent; Evo Banco; Kutxabank; BBK; Liberbank; Abanca; CajaSur; Vital; Cofidis y Pagantis. Para listado completo: http://www.euro6000.com/informacion-corporativa/conocenos/participantes

lunes, 27 de julio de 2015

Seguro de vida: concepto, partes intervinientes y clases

En momentos de incertidumbre económica como los que vivimos actualmente debemos superar la propensión natural a pensar de forma inmediata en el presente para tomar decisiones que puedan asegurar el futuro, y en este ámbito entra de lleno el seguro de vida.

Según se indica en la Ley del Contrato de Seguro, por el seguro de vida el asegurador se obliga, mediante el cobro de un prima estipulada y dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato, a satisfacer al beneficiario un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, en el caso de muerte o bien de supervivencia del asegurado, o de ambos eventos conjuntamente.

El seguro sobre la vida puede estipularse sobre la vida propia o la de un tercero, tanto para caso de muerte como para caso de supervivencia o ambos conjuntamente, así como sobre una o varias cabezas.

El seguro de vida debe entenderse como una fórmula de ahorro mediante la cual se obtiene una seguridad económica frente a determinados riesgos relacionados con la vida, ya sea el fallecimiento, la incapacidad, la invalidez, etc.

Es conveniente recordar las partes intervinientes en el seguro de vida que, por otra parte, son, básicamente, las mismas que en cualquier otro tipo de seguro: asegurador, tomador, asegurado y beneficiario.

· Asegurador: es la compañía aseguradora que se obliga al pago de las prestaciones en el futuro (capital, renta, etc.) a cambio del cobro de las primas estipuladas.

· Tomador: es quien contrata el seguro y paga la prima, que puede coincidir o no con la figura del asegurado.

· Asegurado: es la persona de cuya vida depende el pago del capital, es decir, la persona que debe fallecer o debe sobrevivir para que tenga lugar la indemnización o el pago de prestaciones por parte de la aseguradora.

· Beneficiario: es la persona que percibe la prestación, quien cobra el capital asegurado o quien recibirá el cobro de las rentas, etc.

En la práctica existen múltiples variedades de seguros de vida y las entidades aseguradoras van comercializando diferentes productos aseguradores que combinan distintos riesgos asegurados (vida, supervivencia, fallecimiento, invalidez, etc.), diferentes formas en el pago de las primas (prima única o prima periódica) y distintas modalidades en el cobro de las prestaciones (capital único, rentas periódicas, rentas inmediatas, rentas diferidas, etc.), que puede parecer un jeroglífico para el neófito. Sin embargo, hay que recordar la característica fundamental de los seguros de vida que es el pago de una suma que se hace depender, básicamente, de dos circunstancias: el fallecimiento o la supervivencia del asegurado. Así pues, y sin perder de vista esta característica, la mejor doctrina distingue tres categorías básicas de seguros de vida seguros de fallecimiento, seguros de supervivencia y seguros mixtos.

· Seguros de fallecimiento, también denominados seguros de vida para caso de muerte que son propiamente seguros de riesgo. En esta modalidad aseguratoria el riesgo cubierto es la muerte del asegurado. Si el asegurado fallece antes de que finalice el contrato se garantiza al beneficiario o beneficiarios designados en la póliza el pago del capital o la renta contratada. Por el contrario, si el asegurado llega con vida al vencimiento del contrato, la entidad aseguradora queda exonerada del pago de ninguna prestación.

Los seguros de vida-riesgo en muchas ocasiones se contratan con otras garantías complementarias como invalidez (se garantiza a los beneficiarios una prestación en caso de que el asegurado sufra una invalidez o incapacidad) o accidentes (se garantiza a los beneficiarios un capital en caso de que el asegurado fallezca a consecuencia de un accidente).

Esta modalidad de seguro de vida es la que suele contratar el padre de familia para garantizar el bienestar de sus hijos para el caso de que él fallezca, de modo que en caso de que él muera o sufra una incapacidad los beneficiarios (p. ej. esposa e hijos) cobrarán la prestación acordada que podrá ser un capital único o un renta.

Este tipo de seguros de vida puede contratarse para toda la vida del asegurado (seguro de vida entera) o por una duración determinada (seguros temporales, p. ej. 10 años o hasta determinada edad, p. ej. 70 años).

· Seguros de supervivencia, también denominados seguros de vida para caso de vida y que son seguros de ahorro. En esta modalidad si el asegurado vive al finalizar el contrato los beneficiarios percibirán el pago del capital o la renta acordada. A diferencia de los seguros de fallecimiento que precisan de la muerte del asegurado para que comiencen a desplegar sus efectos, en esta modalidad el seguro se materializa y la prestación se paga por la entidad aseguradora cuando el asegurado no ha fallecido en una determinada fecha. Por eso se trata más de una fórmula de ahorro que puede revestir la forma de seguro vida-ahorro, rentas vitalicias, unit link (producto financiero híbrido entre seguro de vida y fondo de inversión en el que el tomador asume el riesgo de la inversión), plan de previsión asegurado - PPA (seguro de vida individual similar tanto financiera como fiscalmente a un plan de pensiones), plan individual de ahorro sistemático - PIAS (seguro de ahorro individual a largo plazo en el que coinciden la figura del tomador, asegurado y beneficiario, que garantiza el cobro de una renta vitalicia), etc.

· Seguros mixtos que combinan en un solo contrato una prestación para caso de muerte y otra para caso de vida. La compañía de seguros garantiza el pago de un capital a los beneficiarios al fallecimiento, o bien al vencimiento del seguro si en esa fecha vive el asegurado.

lunes, 20 de julio de 2015

Derechos y deberes de los empresarios

Como continuación a la entrada anterior en la que se apuntaban los derechos y deberes laborales básicos de los trabajadores, en ésta vamos a referirnos a los derechos y deberes de los empresarios.

Derechos del empresario

Tradicionalmente se habla de tres principales derechos del empresario: poder de dirección, poder de variación y poder disciplinario.

· Poder de dirección: Es la facultad del empresario para dictar órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de ejecución del trabajo, así como sobre la cantidad y calidad del mismo. En principio, y así lo reconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las órdenes empresariales se presumen legítimas y el trabajador debe acatarlas y está obligado a obedecerlas. No obstante, si considera que la orden empresarial es ilegítima podrá posteriormente reclamar, aunque de primeras debe obedecer. Existe un límite a este poder de dirección empresarial, no estando obligado el trabajador a obedecer las órdenes empresariales que atenten contra el orden penal, las que supongan violación de sus derechos laborales, aquellas cuyo cumplimiento provoque un riesgo grave para su salud o las órdenes para las cuales el empresario carezca de capacidad al dictarlas.

· Poder de variación: Es la facultad del empresario para variar o transformar la ejecución del trabajo con el fin de adaptar la prestación laboral a los cambios en la cualificación profesional del trabajador debido a la movilidad, funcional o geográfica, o a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Con base en el poder de variación, el empresario podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, por ejemplo: aumento o reducción de jornada; cambios de horario, trabajo por turnos, etc.

· Poder disciplinario: Es la facultad del empresario para vigilar y controlar la ejecución del trabajo y el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones, así como la facultad de imponer sanciones en caso de incumplimiento de sus deberes, por ejemplo: amonestación por escrito, suspensión de empleo y sueldo, pérdida de categoría profesional, etc.

Deberes del empresario

Delimitados los principales derechos del empresario nos ocuparemos de sus principales obligaciones o deberes:

· Pago del salario: Se podría decir que es la principal obligación del empresario, la de abonar la contraprestación económica acordada, esto es, el salario y/o retribuciones en especie.
· Deberes profesionales: En esta categoría se encuadra la igualdad de trato y no discriminación; la promoción profesional y el respeto a la categoría profesional.
· Deberes morales: Se refiere al respeto a la intimidad y a la dignidad del trabajador.
· Deberes físicos: Son los relativos a la seguridad e higiene en el trabajo.

lunes, 13 de julio de 2015

Derechos y deberes laborales básicos

Los derechos y deberes laborales básicos se regulan en los artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores.

Derechos básicos de los trabajadores

En un primer nivel se encuentran los derechos básicos de los trabajadores que son:

· Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.
· Derecho a la libre sindicación.
· Derecho a la negociación colectiva.
· Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo.
· Derecho a la huelga.
· Derecho de reunión.
· Derecho de información, consulta y participación en la empresa.

Derechos de los trabajadores en la relación de trabajo

Una vez definidos los derechos básicos, en un segundo nivel se encuentran los derechos de los trabajadores en la relación de trabajo:

· Derecho a la ocupación efectiva.
· Derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad.
· Derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.
· Derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.
· Derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
· Derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.
· Derecho al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.
· Cuantos otros derechos que se deriven específicamente del contrato de trabajo.

Deberes básicos de los trabajadores

Definidos los derechos básicos y los derechos de los trabajadores en la relación de trabajo, el Estatuto de los trabajadores se ocupa también de la otra cara de la moneda, es decir, de los deberes laborales básicos de los trabajadores:

· Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia.
· Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.
· Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas.
· No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en la Ley.
· Contribuir a la mejora de la productividad.
· Cuantos deberes se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.

lunes, 6 de julio de 2015

Capacidad en el pago

La capacidad en el pago debe analizarse tanto desde el punto de vista del deudor o “solvens” (persona que realiza el pago) como del acreedor o “accipiens” (persona que lo recibe).

Analizando la capacidad para pagar, es claro que en principio se requerirá la plena capacidad de obrar, comprendiendo la facultad de enajenar y la disponibilidad de los bienes, aparte de la titularidad dominical sobre la cosa entregada. Así queda especificado concretamente en el artículo 1.160 del Código Civil en cuanto a las obligaciones de dar al establecer que no será válido el pago hecho por quien no tenga la libre disposición de la cosa debida y capacidad para enajenarla. Sin embargo, si el pago hubiere consistido en una cantidad de dinero o cosa fungible, no habrá repetición contra el acreedor que la hubiese gastado o consumido de buena fe. Quedan comprendidos dentro de este artículo los pagos efectuados por incapaces, los pagos por personas capaces con bienes ajenos e incluso con los bienes propios sobre los que no se tiene la libre disposición y facultad de enajenación. En todos estos casos, el art. 1.160 del Código Civil reputa inválido el pago concediendo la acción de repetición contra el acreedor que lo recibió. No obstante, el propio artículo excepciona de la repetición los supuestos en que el pago consistía en dinero u otros bienes fungibles que hayan sido consumidos de buena fe por el acreedor, correspondiendo a éste la prueba de su buena fe en el consumo.

Una mención especial requiere el pago por el incapaz. Debe distinguirse según se trate de una obligación contraída por una persona capaz y que en el curso de su obligación perdió la capacidad, del supuesto de obligación contraída por un incapaz al momento de asumir su obligación. En el primer caso resulta de aplicación el art. 1.160, facultándose el derecho de repetición en atención a la invalidez del pago. Cuestión distinta es la obligación asumida por una persona en estado de incapacidad, en cuyo caso será de aplicación la normativa sobre la anulabilidad, acción que deberán ejercitar sus representantes legales o el propio incapaz cuando recobre la capacidad.


En lo que respecta a la capacidad para recibir el pago, ya se trate del propio acreedor o de un tercero autorizado, basta con que éste tenga capacidad suficiente para la administración de sus bienes. En este sentido conviene recordar que el art. 1.163 del Código Civil reputa válido el pago hecho a una persona incapacitada para la administración de sus bienes en cuanto se hubiere convertido en su utilidad, esto es, haya reportado un beneficio patrimonial al acreedor debiendo ser el deudor el que pruebe dicha utilidad del pago.

lunes, 29 de junio de 2015

La pirámide de Maslow y la jerarquía de necesidades humanas

En 1943, Maslow formuló “Una Teoría sobre la Motivación Humana” (A Theory of Human Motivation) en la que definió una jerarquía de necesidades humanas, que posteriormente ha tenido un gran predicamento en el ámbito empresarial y, principalmente en el del marketing, la publicidad y la investigación de mercados.

El concepto principal de esta teoría es que a medida que los individuos van satisfaciendo las necesidades más básicas desarrollan necesidades y deseos más elevados.

Las necesidades se agrupan en distintos niveles formando una pirámide, de tal manera que las necesidades situadas en la parte superior de la pirámide sólo requieren nuestra atención cuando tenemos satisfechas las necesidades más básicas (aquellas que se colocan en la parte inferior de la pirámide), es decir, todos aspiramos a satisfacer necesidades superiores.

El movimiento entre las necesidades, se realiza mediante las fuerzas de crecimiento, que son los movimientos que cubren necesidades inferiores y empujan al individuo a las necesidades superiores (movimiento ascendente en la jerarquía) y las fuerzas regresivas, que son aquellas que eliminan necesidades superiores y empujan al individuo hacia las necesidades más básicas (movimiento descendente en la jerarquía).

Según Maslow, las necesidades aparecen de forma sucesiva, empezando por las más elementales o inferiores, y a medida que se van satisfaciendo en un determinado grado, van apareciendo otras de rango superior. Dado que nunca existe un grado de satisfacción total de las distintas necesidades, no desaparecerán las de rangos inferiores y, en consecuencia, todas las necesidades serán motivadoras del consumo.

La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como «necesidades de déficit» (deficit needs o D-needs) (primordiales); al nivel superior lo denominó por última vez «autorrealización», «motivación de crecimiento», o «necesidad de ser» (being needs o B-needs).

1. Necesidades básicas. Incluyen las necesidades fisiológicas básicas para mantener la vida humana y la supervivencia de la especie. Entre estas necesidades básicas encontramos las de alimentación, respiración, hidratación, regulación de la temperatura, mantenimiento del equilibrio, evitar el dolor, relaciones sexuales, etc.

2. Necesidades de seguridad y protección. Una vez cubiertas y compensadas las necesidades básicas, en los individuos aparecen las necesidades de seguridad y protección que están relacionadas con la conservación, protección y el orden. Entre estas necesidades están la seguridad física, la salud, el empleo, la obtención de recursos y mantenimiento de ingresos, la seguridad moral y la protección del núcleo familiar.

3. Necesidades sociales de afiliación y afecto. En el tercer nivel de la pirámide se encuentra el desarrollo afectivo de las personas y los niveles relacionales de la sociedad. Entre las necesidades de este nivel están las relacionadas con la asociación, la participación en colectivos y el sentimiento de sentirse aceptado e integrado. Son necesidades de amor, afecto y de amistad y compañerismo. Este grupo de necesidades se cubren mediante la realización de servicios y prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas.

4. Necesidades de estilo y estima. Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La estima alta está vinculada con el respeto a uno mismo y la necesidad de autocomprensión. Dentro de estos sentimientos propios están la confianza, la competencia, los logros, la independencia y la libertad. La estima baja se relaciona con el respeto a los demás y a cómo se trasladan las necesidades de estima alta en las relaciones sociales. Aquí se encuadran las necesidades de prestigio, reputación, fama, estatus, dignidad, reconocimiento y gloria. Estas necesidades de estima confieren al ser humano el concepto de valor. La carencia de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el complejo de inferioridad, al igual que el exceso de muchas de ellas, también es un origen de graves psicopatologías en muchos individuos.

5. Necesidad de autorrealización. Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo a lo largo de toda su vida tales como “motivación de crecimiento”, “necesidad de ser” y “autorrealización”. En este nivel se encuentran las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, y a través de su satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Para alcanzar este nivel, todos los individuos necesitan alcanzar y completar hasta el mejor punto posible, el resto de niveles y necesidades inferiores.

La teoría de Maslow se basa en principios generales como que las necesidades fisiológicas nacen con la persona y que el resto de las necesidades surgen con el transcurso del tiempo. A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas aparecen gradualmente necesidades de orden superior.

Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto, en contraposición, las necesidades superiores requieren de un ciclo más largo.

Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas van siendo satisfechas. Pueden ser concomitantes pero las básicas predominarán sobre las superiores.

Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de todas las personas, pues la necesidad satisfecha no genera comportamiento alguno.

No todos los individuos sienten necesidades de autorrealización, debido a que es una conquista individual.

lunes, 22 de junio de 2015

Los lobbys y el fenómeno del lobbying

El lobbying es un término que deriva de lobby. Un lobby es un grupo o unidad de presión que pretende influir en las decisiones del poder legislativo o ejecutivo a favor de unos intereses específicos. La actividad que realizan estos grupos de presión se conoce como lobbying, expresión anglosajona con la que se conoce en la mayor parte de los países y que se traduce como cabildeo en los países latinoamericanos.

En una acepción amplia lobby sería cualquier grupo, grande o pequeño, que con su actuación organizada y dirigida pretendiese influir en la toma de decisiones políticas en favor de sus intereses. De una forma más estricta, y adecuada a la realidad, se identifica con las grandes empresas y los grupos de interés: financiero, inmobiliario, farmacéutico, eléctrico, etc.

El lobbying es un proceso de comunicación persuasiva con el objetivo de influir y predisponer al receptor y que se concreta en la relación con los poderes públicos. El lobbying consiste en la actividad de las relaciones públicas tendente a buscar interlocutores apropiados entre los poderes públicos para relacionarse de forma continuada, interactuar e iniciar un proceso de comunicación persuasiva con el objetivo de influir y predisponer en el poder político (legislativo y ejecutivo) para que las decisiones políticas adoptadas sean favorables. De esta forma, aunque los lobbys, o más correctamente los lobbies, no participan de forma directa en la política, sí intentan generar complicidad con grupos y conglomerados de este ámbito, para que sus decisiones les beneficien.

El lobbying es relacionarse y negociar con un público concreto de las organizaciones: el poder político, tanto el legislativo o como el ejecutivo. El lobbying puede ejercerse directamente por la organización a través de su personal propio integrado o a través de profesionales del lobbying, llamados “lobbistas”. Los lobbistas independientes, o forman parte de una agencia de servicios generales de relaciones públicas, o de un lobby, es decir, de una agencia especializada en servicios externos de lobbying. En puridad, un lobby es la oficina técnica dedicada al ejercicio del lobbying para clientes a cambio de una remuneración económica, aunque el uso popular y mediático lo ha convertido en sinónimo de grupo de presión.

La profesión de lobbista como tal no goza de una regulación específica en España, aunque sí está regulada en los países anglosajones y en la Unión Europea, teniendo en cuenta que la política comunitaria sí está influenciada por lobbys. Hoy en día se habla cada vez más del poder en ciertos grupos de influencia en el gobierno y se utiliza el término “lobbycracia” para referirse a la extensa influencia que ejercen los grupos de interés en los centros de decisión como Washington o Bruselas.

La función del lobbying es intervenir en el proceso de toma de decisiones públicas, para modificar un proyecto de norma u acto jurídico, para impulsar nuevas decisiones que cubran lagunas legales o para derogar ciertas normativas. Una campaña de lobbying persigue establecer una relación de beneficio mutuo entre las partes implicadas, que genere una percepción positiva de los intereses en juego, basada en la confianza y credibilidad de la postura defendida, y que, al mismo tiempo, dé lugar a un entorno legislativo y social favorable, condición necesaria y suficiente para alcanzar su finalidad.

Sin embargo, no siempre el lobbying logra conseguir es percepción positiva que cale en la opinión pública, ni siempre los intereses defendidos tienen un alcance general. En ciencia política, un lobby equivale a manipulación, control y gestión. Así, entre los organismos que hacen “lobbying” se encuentran los sindicatos, patronales, asociaciones civiles o grupos ecologistas que luchan porque las decisiones se tomen en base a sus propios intereses. De hecho se ha equiparado al lobbying con un “quinto poder”, más allá del cuarto poder ejercido por la prensa.

En España donde se carece de una regulación legal sobre los lobbies, y en el que la actividad del lobbying está rodeada de un halo de secretismo y oscurantismo, que roza con la corrupción, cuando no cae de lleno en ella, son bienvenidas todo tipo de iniciativas de regeneración y transparencia sobre la materia. Debemos recordar que la normativa europea no obliga a cada Estado a regular la actividad de los lobbies, y que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se limitaron a crear el Registro de Transparencia en 2011 en el que los lobbies podían inscribirse voluntariamente, suscribiendo un código de conducta y en el que figuran inscritas algunas grandes empresas españolas y colegios profesionales (http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=es).